Cultura y marco regulatorio de las donaciones

Carmen Gloria Larenas

En medio de la candente discusión de las exenciones tributarias y antes de que el mundo cultural quede en el último lugar de la fila, llegó el momento de hablar del proyecto de modificación de la Ley de Donaciones en el que trabaja el Ministerio de Hacienda.

Se ha analizado el tema en reuniones que vienen desarrollándose desde el año pasado en esa cartera con algunos actores culturales, junto a grupos como el Centro de Estudios Centro de Filantropía e Inversiones Sociales (CEFIS, Universidad Adolfo Ibáñez) y Mesa Circular (conformado por organizaciones de la sociedad civil). Se han entregado propuestas concretas, aunque existen puntos de coincidencia y diferencias. Hay consensos en que se debe mejorar la legislación existente, fomentar la donación en cantidad y diversidad, y mejorar incentivos, por nombrar algunos. Pero hay una decisión clave respecto de las modificaciones y que bien puede ser el tiro de gracia para el mundo cultural: ¿Ley Única o Ley Corta?

La primera busca consolidar las donaciones en una legislación que evite la dispersión real de los más de 60 cuerpos legales actuales -con más de 10 leyes con incentivos para sectores específicos- para, en teoría, aumentar el volumen de donaciones. La segunda vía propone no alterar mayormente el abanico legal, por ejemplo, sin modificar la valiosa Ley Valdés -que pese a sus falencias, funciona, y es la más utilizada por el mundo cultural-, y solamente realizar algunas reformas puntuales a la Ley de Rentas Municipales, para incluir fines ausentes (como medioambiente, pueblos originarios y salud), modificar los topes de donaciones, incorporar donaciones en especie y dar certeza jurídica al donante de buena fe.

Una ley única para todos los sectores plantea la gran complejidad de universalizar la manera de pensar para mundos que son muy diferentes y con realidades dispares. El mundo cultural ha dejado en evidencia en esta crisis su precariedad e informalidad, y la lógica indica que hacer cambios legales estructurales en tiempos en que su sobrevivencia está en juego -y para un marco jurídico que actualmente funciona para esas organizaciones- es una medida, por decir lo menos, arriesgada.

El Ministerio de Hacienda está evaluando presentar en mayo un proyecto que apuntaría a una ley única en la que suprimiría en parte el beneficio tributario del 50%, una decisión que sin duda resulta de la atracción fatal que se produce entre ese beneficio y la necesidad de abordar el tema de las exenciones tributarias para aumentar la recaudación fiscal. Una decisión que sería letal para el mundo cultural.

Este incentivo, a través de los privados, complementa un financiamiento que es parcialmente otorgado por el Estado a ciertas organizaciones, en un modelo mixto que la gestión de los espacios ha asumido con compromiso y esfuerzo. Y sería adoptar una mirada miope que, por consolidar cuerpos legales, se vea en esa supresión una “ganancia” para el Estado, cuando -lo hemos visto en la pandemia- la donación cultural es una verdadera inversión para la sociedad.

De no ser visto así, la pregunta que queda en el aire es: si no queremos al Estado metido en todo, pero tampoco damos incentivos suficientes a los privados, finalmente, ¿quién responderá ante la historia por la ausencia de una cultura diversa y amplia en Chile?