¿Debe el Estado facilitar las inversiones?

Cristián Romero

La evidencia ha demostrado que el estímulo de la economía a través de la atracción de inversiones es condición para aumentar niveles de bienestar, sin embargo, la intervención del Estado no ha estado exenta de debate. Ejemplo de ello fue la discusión de la Ley de Presupuesto, en la que un importante grupo de legisladores criticó, no solo a la actuación, sino a la existencia de una de las principales iniciativas creadas con este objetivo, la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía.

Si bien el tema se destrabó, los argumentos acerca no sólo de la legalidad, sino de la legitimidad de este tipo de instancias, dan cuenta de una percepción respecto a que facilitar inversiones implica la reducción de estándares de sustentabilidad, existiendo una especie de juego de suma cero entre ambas. A propósito de ello, es relevante analizar la justificación y límites de este tipo de intervenciones.

Como primer punto, el proceso de aprobación de una inversión en Chile se ha hecho cada vez más complejo, a propósito de una realidad que es común, a países que han incrementado niveles de protección (en salud, medio ambiente, seguridad nacional, etc.), que demuestra que las regulaciones que enfrenta una inversión constituyen un sistema complejo que tiende a la entropía. Ello tiene diversas causas. En una parte, tanto el diseño regulatorio, como su implementación y fiscalización, se hace generalmente en silos. Por otro lado, con el tiempo las normas se acumulan, traslapan y contradicen, ya que algunas nunca fueron expresamente derogadas.

Finalmente, las regulaciones no son estáticas. El alcance de una normativa de aplicación general tiende a mutar y expandirse en el tiempo, al ir incorporando nuevos elementos, sea a través de jurisprudencia judicial o administrativa o a través de los criterios que los propios servicios públicos van configurando al resolver casos concretos.Para enfrentar esta realidad, las estrategias que se utilizan en los países más desarrollados enfocan su acción en tres aspectos: coordinación, con miras a dotar de una mirada más integral a análisis que usualmente son compartimentados dentro del Estado; transparencia, disminuyendo espacios de opacidad; y previsibilidad, para que los titulares puedan planificar sus proyectos, y para el Estado, evalúe permanentemente el sistema.

Lo ocurrido recientemente en el Congreso es una lección respecto a que contextos de reactivación económica (como el que enfrentaremos) pueden polarizar discusiones sobre el adecuado nivel de apoyo a las inversiones que un Estado puede otorgar.

Un relato claro sobre los fundamentos y límites de este tipo de intervenciones, que no solamente son válidas sino absolutamente necesarias, es esencial para dotarlas de niveles de legitimidad que permita que sean percibidas como una herramienta para lograr el desarrollo sustentable en vez de un obstáculo para el mismo.