Des-criterios en las transferencias hacia regiones

Del total de $ 985.227 millones estipulados en los programas de inversión regional de la Ley de Presupuestos del 2017, un 84% corresponde a transferencias del poder central, mientras que sólo un 14% provienen de actividades económicas regionales. Pese a la relevancia de las transferencias en el financiamiento de los gobiernos regionales, hay aspectos que preocupan, por ejemplo, los criterios utilizados para su distribución entre regiones.

En la actualidad destacan dos transferencias hacia gobiernos regionales: el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el Fondo de Apoyo Regional (FAR). El primero representa el 44% ($438.057 millones) del total de recursos de los programas de inversiones, mientras que el segundo el 25% ($ 242.177 millones). Ahora bien, ¿cómo se distribuyen entre las regiones?

En promedio las regiones durante el 2017 recibirán $ 29.200 millones y $ 16.145 millones en materia de FNDR y FAR respectivamente. No obstante, la dispersión territorial es significativa. Las mayores asignaciones en FNDR y FAR están en las regiones del Biobío ($ 55.730 millones y $30.810 millones), Metropolitana ($ 55.270 millones y $ 30.570 millones) y La Araucanía ($ 44.330 millones y $ 24.510 millones), mientras que las menores están en Arica y Parinacota ($ 12.910 millones y $ 7.140 millones), Tarapacá ($ 14.690 millones y $ 8.120 millones) y Atacama ($ 17.360 millones y $ 9.600 millones). Si bien estas diferencias podrían explicarse por el tamaño de cada territorio, hay brechas entre regiones con población similar que llaman la atención. Por ejemplo, la de $ 17.500 millones en el FNDR inicial entre O’Higgins y La Araucanía o la diferencia de $ 24.760 millones entre el Biobío y Valparaíso.

En principio, la distribución de gran parte del FNDR (el 90%) está en función de criterios fijados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), que abarcan la condición de pobreza y las características territoriales de las regiones. Destaca que el indicador de mayor peso corresponde al porcentaje de población pobre e indigente de la región respecto al total país. Este aspecto, más otros indicadores de menor ponderación, hacen que el actual mecanismo sobredimensione a las regiones más pobladas y, en específico, a las que concentran más pobres e indigentes.

Esto revela la necesidad de repensar dichos criterios de manera tal que incluyan en mayor medida las características territoriales de cada región, por ejemplo, el costo de pavimentación o de construcción de viviendas. Asimismo, urge una simplificación de estos criterios para una minimización de espacios de discrecionalidad que podrían estar explicando las diferencias entre regiones de tamaño similar.