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Desafíos poco convencionales

Fernanda Hurtado Gerente general de Fundación Generación Empresarial

Por: Fernanda Hurtado | Publicado: Viernes 23 de octubre de 2020 a las 04:00 hrs.
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Fernanda Hurtado

En los próximos días, millones de chilenos decidirán el mecanismo para cambiar -o reformar- los pilares constituyentes. Un proceso que pese a generar esperanza en muchos, abre una gran cantidad de interrogantes en otros.

Las modificaciones a la Carta Fundamental parecen ser un hecho, independiente del resultado del domingo. Ya sea por la vía de reformas constitucionales mediante el actual Congreso o con cambios más estructurales realizados por una Convención Constituyente, durante un año y medio o más estaremos con los ojos puestos en el desarrollo de estas modificaciones, que tienen el poder de alterar no sólo el marco jurídico y económico que nos rige, sino que, en parte no despreciable, nuestras propias vidas.

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El necesario proceso constituyente abre desafíos colaterales. No quiero referirme al periodo de armonización regulatoria que deberemos acometer después de la redacción del nuevo texto constitucional. Tampoco llamar la atención sobre los múltiples aspectos formales y procesales aún no resueltos en caso de ser necesaria una Convención Constituyente. Me gustaría poner el énfasis en el período de superposición que irrevocablemente veremos entre la labor legislativa y el arduo proceso de redefinición constitucional.

La vorágine política que hemos visto en el último tiempo ha postergado definiciones muy relevantes para el mundo de la empresa y, en general, para la sociedad. En el primer ámbito hemos visto poco avance en los proyectos ley de protección de datos personales, en la iniciativa que consolida la información crediticia, el que mejora la persecución del ciberdelito, los que dicen relación con la modernización del Estado, la ley de firma electrónica avanzada, entre tantas otras iniciativas. Por su parte, la ciudadanía demandará resolución en materia de pensiones, en modernización del Código Laboral, reformas en materia de prevención del delito, normas antiabusos, entre muchas otras de alta relevancia.

Sea cual sea el mecanismo elegido por la ciudadanía, es responsabilidad de todos los actores, públicos y privados, no menoscabar la labor legislativa y hacer todo lo posible por evitar que una eventual reforma -o la redacción de una nueva Constitución- inhiba o suprima la adecuación regulatoria que requieren distintos mercados y, en especial, las propias familias. El rol parlamentario es esencial no sólo por sus alcances políticos, sino por los efectos que tienen las leyes y las regulaciones en el crecimiento económico -o la pérdida de éste-, la modernización de las instituciones -o su debilitamiento- y los necesarios perfeccionamientos que esperamos del marco de protección social. Todas estas definiciones no pueden quedar en pausa mientras decanta el texto definitivo de la Carta Fundamental.

Mientras quizás -según los resultados del plebiscito del domingo- los convencionales se esmerarán en redactar un nuevo texto constituyente, esperamos que los parlamentarios no desatiendan estos desafíos menos “convencionales”, pero relevantes y urgentes para las empresas y la ciudadanía. Al final, son estas definiciones las que cimentan la recuperación económica y las confianzas sociales y políticas.

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