Desafíos que siguen pendientes en ciberseguridad

Gloria De la Fuente

En los últimos meses hemos visto una serie incidentes de ingresos no autorizados y ataques a la ciberseguridad de instituciones relevantes, incluyendo los que afectaron a la Cámara de Diputados, el Banco Estado, y la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), que gestiona, entre otros servicios, la clave única y la Comisaría Virtual. Esto debiera levantar las alertas y agilizar la discusión legislativa de varias iniciativas que están en el Congreso, además de dar el impulso definitivo al tan anhelado proyecto de ley marco sobre ciberseguridad.

Chile requiere un ecosistema de seguridad de los datos que cuente con una normativa específica que determine las obligaciones y responsabilidades que deben asumir tanto el sector público como el privado. Con ello contaremos con un ambiente digital seguro y confiable, donde las brechas o pérdidas de información sean efectivamente notificadas a las víctimas y donde se centralice un modelo nacional de respuesta a incidentes informáticos. La digitalización y “datificación” de la sociedad –procesos que se han visto acelerados y profundizados por la pandemia-, y el impacto cada vez mayor que tienen en la ciudadanía, nos exigen avanzar más rápido. Algo en lo que el rol del Gobierno es esencial.

Afortunadamente en octubre se retomó en la Cámara de Diputados la tramitación del proyecto de ley sobre delitos informáticos y el Gobierno elevó la urgencia de su discusión. De esta forma, resolviéndose los dos o tres asuntos que siguen siendo objeto de debate legislativo, el Congreso debiera despachar esta iniciativa, que no sólo nos permitiría cumplir con las obligaciones internacionales que asumimos al momento de suscribir el Convenio de Budapest sobre Cibercrimen, sino que además nos brindará un marco legal moderno para gestionar adecuadamente los riesgos más graves para la ciberseguridad del país.

En materia de datos personales, en cambio, el proyecto de ley más importante de los últimos veinte años no ha logrado avanzar en su discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, debido principalmente a la urgencia de las diversas iniciativas legales relativas al Covid-19.

Debemos recordar que este proyecto de ley, junto con resolver una buena parte de las brechas existentes en la normativa vigente que data de 1999, establece una autoridad pública de protección de datos personales —responsabilidad que recaería en el Consejo para la Transparencia (CPLT)—, que se hará cargo del efectivo resguardo del nuevo derecho constitucional a la protección de datos personales en Chile. Además, el proyecto permite elevar el nivel nacional de protección permitiendo flujos transfronterizos de datos personales con países de la Unión Europea.

Esperamos que antes de que la red informática mundial cumpla más años, nuestro país logre superar las deficiencias que tiene y cuente con un marco que nos ponga en mejor pie para abordar los desafíos que seguiremos enfrentando cada día, muchos de ellos con impacto gravitante en la vida cotidiana de las personas.