Descarbonización ¿quién paga la cuenta?

Álvaro Acevedo

Es tiempo de hablar del elefante en la cristalería, no del obvio, si no del grande: el cambio climático. Para hacer una larga historia corta, los planes de descarbonización consisten en electrificar todo lo que se mueva y lo que no, también: costarán un 1,1% del PGB, anual, por 30 años y todos seremos beneficiados, pero especialmente las empresas eléctricas y sus proveedores extranjeros, básicamente porque la descarbonización consiste en electrificar al máximo. Aparte de la desigualdad de los beneficios, el método para esa conclusión es revisable: evaluar las alternativas al mismo costo financiero, asumir que la tecnología no evolucionará en 30 años y no usar al máximo la forestación son materias argüibles. La forestación puede ser un mecanismo más eficiente y además aceptable desde la sociedad.

Resumiendo: la cuenta la pagarán el señor Moya y la señora Juanita, unos cambiando el taxi y otros la cocina y estufa, por eso es vital hacerlo de la manera menos costosa y aceptable por la sociedad. Las estimaciones económicas muestran que descarbonizar el país tendrá un efecto económico positivo, el nivel esperado del PGB al 2050 podría aumentar en un 4.4%, principalmente por aumento del consumo (2.4%) y la inversión (1.7%). En todo caso, estas estimaciones se hicieron antes del estallido del 2019 o la pandemia de 2020, y ese Chile, país OCDE que iba a ser sede de la COP, ya no existe. El costo anual de estas medidas alcanza 150 mil pesos por persona al año, lo que es significativo si la mitad de las personas empleadas en Chile tiene un ingreso mensual de 400 mil o de otra manera: en los treinta años hasta el 2050 equivalen a cinco años del aporte promedio a pensiones.

Las principales medidas para alcanzar las metas nacionales son impulsar la sustitución de procesos de generación de energía con una huella de carbono alta, el cambio tecnológico y el ahorro de energía. Así se plantea incentivar fuertemente la electrificación del transporte público (todos los buses y taxis) y transformar casi un 60% del parque automotriz privado en autos eléctricos. A nivel domiciliario se considera electrificar la calefacción, así como los usos sanitarios y en cocina. De las medidas propuestas, sólo las relacionadas con el transporte (la electromovilidad) reducen en forma indiscutible la emisión de carbono, a menos que la emisión de CO2 del sistema eléctrico sea cero, cambiar calefacción a gas o pellets de leña por electricidad no es carbono neutral, lo que es casi imposible por la necesidad de contar con unidades térmicas de respaldo.

La metodología para establecer las medidas considera varios supuestos revisables. En efecto una proyección que considera recomendaciones para los siguientes 30 años asume una estabilidad de la tecnología y el entorno inusitada. No está presente en la discusión el costo y las inversiones requeridas para aumentar la capacidad del sistema eléctrico para atender aumento de consumo requerido, normalmente estas inversiones son pagadas por todos los chilenos a través de las tarifas. Todas las medidas representan un aumento de costo promedio por hogar anual superior a los $ 300 mil. Si bien la captura de emisiones mediante bosques existentes y plantaciones forestales es uno de los principales mecanismos de compensación a nivel mundial, dentro de estos ejercicios metodológicos de priorización para descarbonizar se considera prácticamente constante su potencial de captación de CO2.

Adicionalmente, los supuestos empleados en la evaluación financiera de las distintas alternativas son revisables. En primer lugar, se asume que inversiones realizadas por distintos actores privados y estatales en tecnologías distintas, pueden ser evaluadas descontando los flujos futuros a una tasa baja e igual para todos. La tasa de descuento que cada uno de los actores enfrenta es un promedio ponderado de su costo de financiamiento y de las características del proyecto en evaluación. Así se asume que la perspectiva de un gran generador o un monopolio regulado (como una distribuidora de electricidad), respecto de la variabilidad sus flujos, es similar a la de un conductor de taxi.

En segundo lugar, si el financiamiento para estas medidas fuese a provenir del Estado de Chile, a través de financiamiento externo (o de los fondos de pensiones asediados por presiones populistas), hay que revisar el supuesto: la presión por mayor injerencia política en las decisiones de políticas públicas y la inestabilidad económica asociada, hacen poco probable que el Estado pueda financiarse por los siguientes 30 años a las tasas actuales. Una solución con ribetes de "planificación estatal de largo plazo", parece poco viable. Más probablemente, el resultado de descarbonización se logre mediante estímulos económicos, dentro de los cuales los impuestos altos al carbono y la creación de mecanismos baratos y efectivos de compensación pueden ser más adecuados. Así se descorazona el uso de energía contaminante y los actores privados seleccionarán las tecnologías adecuadas en función de sus propias necesidades y negocios.

En Chile existe un alto potencial adicional de remoción de carbono no consideradas hay 1,5 millones de ha de aptitud forestal, que cultivadas y aceptadas como compensación pueden incrementar en un 46% la capacidad de remoción de las plantaciones forestales. La forestación extensiva es un mecanismo para descarbonizar más barato y efectivo que la sustitución tecnológica, la tonelada de carbono removido mediante plantaciones de bosques alcanza un costo de 50 US$/ton CO2 eq, mientras que la más barata de las alternativas tecnológicas consideradas: el cierre de las plantas de carbón requiere una inversión de 250 US$/ton CO2 eq.

Descarbonizar utilizando al máximo los recursos forestales, incluso como fuente de energía carbono-neutral, genera una serie de externalidades positivas tales como: mayor uso de energía térmica renovable (proveniente de la biomasa), aumento del empleo, desarrollo rural, creación de miles de PYMEs, potencia la industria maderera, incrementa el PIB regional, aumenta las exportaciones, recupera suelos degradados, genera resilencia a los shocks de precios y de escasez de recursos energéticos. Adicionalmente, el aumento de la capacidad de producción de madera aserreable, permite construir con materiales con menor huella de carbono: la edificación deja de ser carbono emisor (cemento, fierro) para ser un sumidero de CO2. La "ruta forestal" a la descarbonización no sustituye la necesidad de cambios tecnológicos, le complementa y hace más viables, por su mayor grado de legitimidad en el territorio. En el Chile actual resulta social y políticamente recomendable asegurarse las políticas públicas beneficien de la manera más equitativa a la sociedad en su conjunto.