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DF Tax | ¿Desigualdad probatoria en el juicio tributario? Un último llamado para el proyecto de modernización tributaria

Por: Antonio Faúndez, académico Escuela de Comercio, U. Católica de Valparaíso | Publicado: Jueves 16 de mayo de 2019 a las 04:00 hrs.
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Antonio Faúndez, académico Escuela de Comercio, U. Católica de Valparaíso

Antes de la creación de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, un anhelo de muchos sectores era la igualdad de partes en el juicio tributario; ahora, en plena tramitación del proyecto de modernización tributaria y con clara intención de velar por la protección y resguardo de los derechos de los contribuyentes a través de la DEDECON, creo que es oportuno referirme a la desigualdad probatoria que existe actualmente en el juicio tributario.

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Siempre es bueno reconocer el mérito de aquellos que alguna vez hicieron presente esta problemática. Así, los profesores Rodrigo Ugalde y Jaime García, en el año 2009, se refirieron a las contradicciones que podía generar el artículo 21 del Código Tributario al establecer que corresponde al contribuyente probar la verdad de sus declaraciones de impuestos. La discusión radica en que dicha obligación está contenida en las normas sobre fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII) y no en las normas que regulan el procedimiento general de reclamaciones.

La jurisprudencia mayoritaria ha dado la razón al SII en que, en el juicio tributario, por aplicación del artículo 21, quien tiene el peso de la prueba es el contribuyente, eximiendo al SII de dicha obligación.

Alguien podría afirmar que el argumento de esta postura mayoritaria es, simplemente, "porque la ley así lo dice". Pareciera, entonces, que la literalidad del texto tiene más peso que la razonabilidad del legislador en instaurar las normas. Esta situación me hace recordar las palabras del jurista alemán Ralf Dreier: "Cada persona tiene un sentimiento más o menos marcado de la justicia, esto es, un sentimiento o un sentido de lo que es justo y de lo que es injusto". Aquí, me permito hacer un juicio de valor, esto es, que tanto el contribuyente como el SII deben estar en igualdad de condiciones frente a la carga de la prueba. Lo contario me parece injusto.

Pero, esta postura, asumida como minoritaria, ha tenido reconocimiento por lo menos en una sentencia que he conocido, pronunciada el 12 mayo de 2017, por el juez tributario y aduanero de la Región de Arica y Parinacota –el mismo tribunal que declaró, por primera vez en Chile, que la elusión tributaria es ilícita–, señalando que la "...finalidad [de la ley que creó los TTA], de acuerdo a lo establecido durante la tramitación de dicha ley, era la existencia de la igualdad de condiciones entre el contribuyente y el Estado a fin de fortalecer la Justicia Tributaria y evitar así actos arbitrarios respecto de la autoridad..." y, concluye "...este Tribunal estima que el Servicio de Impuestos Internos no acreditó ni aportó prueba suficiente...". Lamentablemente, esta sentencia fue revocada por los tribunales superiores, invocando la jurisprudencia mayoritaria.

¿No será el momento que el proyecto de modernización ponga fin a esta discusión en beneficio de la igualdad de partes en el juicio tributario? ¿esta igualdad de partes no es propio de un sentido de lo que es justo? Bueno, este es mi último llamado.

 

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