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DF Tax | Dos impuestos, dos impactos opuestos

Cristián Labbé, diputado de la UDI.

Por: Cristián Labbé | Publicado: Jueves 10 de junio de 2021 a las 04:00 hrs.
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Cristián Labbé

El reciente 18 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma al cuerpo transitorio de la Constitución que pretendía establecer, por única vez, un impuesto al patrimonio de las personas naturales con las fortunas más grandes del país. O como bien le gustaba llamarlo a sus autores, "impuesto a los súper ricos".

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Lo interesante es que lo que se terminó aprobando no tiene nada que ver con el meollo de la mediática iniciativa, ya que esta parte fue rechazada. Lo que sí se aprobó fue una indicación que rebajó el cobro de IVA de un 19% a un 10% ó un 4% de algunos bienes y servicios hasta diciembre del 2022.

No se puede negar que ambas formulas impositivas, el impuesto a los súper ricos (rechazada) y la rebaja al IVA (aprobada) ostentan en sí un impacto muy significativo para el país, con efectos claros que incidirían en todos los actores de nuestra economía: el Estado, las empresas y las familias. No obstante, no se puede sostener que ambas técnicas legislativas tengan los mismos efectos, ya que son impuestos que gravan recursos diferentes, que operan de manera diferente y que, incluso, se sostienen en concepciones filosóficas de la sociedad muy diferentes. Es por ello que considero que vale la pena hacer un contraste entre ambas visiones hoy presentes en la esfera de la discusión pública.

Por un lado, el impuesto al patrimonio se efectúa sobre un bien específico (impuesto particular) o sobre la totalidad del patrimonio (universal). El ejemplo más común de impuesto al patrimonio en nuestra legislación son las contribuciones, las cuales afectan a los bienes raíces y que son de cuenta del propietario por regla general. El impuesto a los súper ricos, propuesto por la oposición, pretendía descontar un 2,5% del patrimonio a las personas con patrimonios superiores a los US$ 22 millones.

Debe señalarse que los impuestos patrimoniales han sido eliminados por la inmensa mayoría de los países de la OCDE, por considerarse regresivos, es decir, que terminan produciendo efectos negativos en el desarrollo económico de los países, ya que se desincentiva a que los recursos se conserven en el país a la espera de una próxima inversión. Además, en la fórmula propuesta era muy difícil de calcular el monto exacto del impuesto, dado que el hecho gravado es una universalidad jurídica, y por lo mismo no solo incluye activo líquido, sino que también deudas y bienes corporales. Por último, debe señalarse que el monto a recaudar, bajo un principio de no afectación, como el vigente en nuestra legislación, puede resultar insuficiente para los fines que fue pensado y terminar abriendo la puerta a que el proyecto no sea excepcional, como ya ha ocurrido durante el último año con los proyectos de retiros de fondos del sistema previsional.

Por otro lado, nos encontramos con la reducción del IVA, la que beneficiará a la adquisición de bienes tales como: alimentos, medicamentos y bienes de uso doméstico, entre otros; y a servicios que han sido fuertemente dañados por la crisis y que más que nunca requieren de incentivos para ser recuperados. Se debe recordar que el IVA es un impuesto a la compraventa que cada intermediario de la cadena de consumo debe enterar al Fisco en la medida que va entregando valor agregado y que finalmente es soportado económicamente por el consumidor.

Es evidente que una iniciativa como esta disminuye los ingresos del Estado, pero ayuda de manera muy significativa a las familias y a las Pymes: a las primeras permitiéndoles acceder a los bienes más importantes para su diario vivir a precios más razonables, y a las segundas entregándoles más competitividad para desarrollarse en el mercado.

Resumiendo. El "Impuesto a los súper ricos" pretendía fortalecer la posición del Estado frente a determinadas personas sin que existiese garantía alguna de éxito y altas probabilidades de riesgo, mientras que la rebaja al IVA en determinados productos y actividades pretende ser un incentivo para que sea la misma sociedad civil el motor que encabece la recuperación del país. En la Cámara imperó la segunda visión, basta ver qué ocurre en el Senado.

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