DF Tax | El debate tributario en la nueva Constitución

Álvaro Moraga

Una Constitución es aquel conjunto de directrices obligatorias que acuerdan los habitantes de un país como elementos estructurantes del marco de acción que ellos quieren para sí mismos, y fundamentalmente, para quienes ellos elijan para ejercer el poder.

Al ser el elemento estructurante del resto del ordenamiento jurídico, debe compartir la finalidad última de este acuerdo, y que es lograr que toda la regulación que rija a los habitantes derive en el bien común. Es decir, en el equilibrio entre el bien de todos, y el bien individual, donde uno -ni el común ni el individual- no debe causar daño al otro. Y si lo hace, debe responder. Es por eso, que como simples personas naturales podemos demandar al Estado, y es por eso que el Estado puede expropiar nuestro terreno, siempre que sea en pos de algo para todos (ej. una carretera), y pagando el precio justo, es decir, el mismo precio que habría pagado cualquier tercero.

En materia tributaria -y de finanzas públicas- la necesidad de este equilibrio es determinante. Y es deber de todos hacer los máximos esfuerzos para concientizar de esto a la gran mayoría de nuestros convencionales constituyentes.

El Estado sólo se sustenta si tiene los recursos suficientes para ello. Y este Estado, cuya razón de ser es la de generar las condiciones básicas que permitan la mayor realización posible de sus habitantes, justamente requiere de ingresos para ello. Así, no tiene por naturaleza generar recursos, sino que administrar aquellos que estos mismos habitantes le entregan para lograr esas condiciones de realización.

Por tanto, la correcta administración de los dineros que todos los chilenos entregamos para que sean administrados por la autoridad de turno, es un punto que debe estar en el debate de la nueva Constitución que se comienza a redactar.

Chile, como cualquier familia, vive de un presupuesto, donde son los ingresos los que permiten los gastos, y donde es el ahorro el que permite la inversión en aquellos bienes durables, normalmente de mayor valor. Y por lo mismo, si se quiere tener una casa ordenada, donde haya recursos para pagar no sólo las cuentas básicas, sino que la salud, la educación y, en general, algunos de los legítimos sueños de esa familia (jamás será posible cumplirlos todos), no se puede ni debe limitar el debate tributario sólo a uno de los elementos de las finanzas públicas -el ingreso-, dejando fuera los otros dos -el gasto y la inversión-.

Cuando se leen estudios que muestran que, de cada 100 pesos que se invierten en salud, sólo 30 llegan al enfermo, y los otros 70 se disuelven en burocracia estatal, quiere decir que ese Estado no está administrando bien, y por lo mismo no está cumpliendo el mandato fundamental que lo sustenta.

Mucho se ha reclamado de la falta de sanciones ejemplificadoras para los delitos de cuello y corbata, y afortunadamente se ha avanzado mucho en estos últimos años, quedando aún un buen trecho por recorrer. Sin embargo, no existe el mismo avance ni menos la misma presión política para el establecimiento de sanciones ejemplificadoras para todos aquellos que, por acción o por omisión, malgastan los dineros de todos los chilenos. Algo parecido sucede cuando un dirigente sindical queda impune, luego de constatarse que por años hizo uso y abuso de las cuotas sindicales.

Es por ello que, el que la mayoría de la Convención esté integrada por personas que se han mostrado críticas a la forma en que se ha hecho política hasta hoy es una real esperanza para abordar este tema de manera independiente y equilibrada.

No puede ser que un alcalde entrante a los pocos meses señale que hubo miles de millones malgastados por la administración anterior, sin ninguna sanción. Tampoco puede ser que se gaste más en burocracia, que en el enfermo, en el alumno o en el profesor (así como tampoco puede ser que un dirigente sindical, por el sólo hecho de ejercer el cargo, quede impune cuando hay enriquecimiento personal).

Cambiar el foco del análisis del tema tributario -hoy centrado sólo en aumentar ingresos por la vía de aumentar impuestos-, ampliándolo al control de la legalidad y de la eficiencia social del gasto y la inversión pública -y al establecimiento correlativo de sanciones-, es un debate muy necesario, si queremos que en esta familia llamada Chile haya un presupuesto que permita cumplir la mayor cantidad de sueños de sus miembros.

Y ojo que este no es un debate de los que tienen más. Muy por el contrario, ya que todos los chilenos pagamos impuestos. Así por ejemplo, la mitad de la recaudación tributaria provienen del IVA, que es un impuesto que pagamos todos, y que a menores recursos, más incide. Por ello es que este debate se hace no sólo financiera y/o económicamente necesario, sino que también lo es moral y éticamente, en pos de los que tienen menos, ya que es a ellos a quienes más afectará la mala administración de sus propios dineros.