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DF Tax | Impuestos, política y certeza jurídica

Por: Alvaro Moraga, académico de la UAI y socio de Moraga & Cía. | Publicado: Jueves 30 de mayo de 2019 a las 04:00 hrs.
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Alvaro Moraga, académico de la UAI y socio de Moraga & Cía.

El 13 de julio de 1974 fue promulgado el DL 600 (Estatuto de la Inversión Extranjera) sobre la base de principios tales como la seguridad para el inversionista extranjero; la invariabilidad de los tributos; la no discriminación entre la inversión nacional y extranjera; la necesidad de atraer las características complementarias de la inversión extranjera tales como los aportes en tecnología y la asistencia técnica; o la necesidad de contar con recursos jurisdiccionales y con mecanismos de indemnización que mostraran empíricamente que la seguridad y certeza jurídica eran valores exigibles.

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El diagnóstico era claro: sin una economía activa, capaz de atraer inversiones y generar empleos de calidad, el Estado no tendría una base relevante de recaudación impositiva que le permitiera un crecimiento sostenible en el tiempo, y el ciudadano común no tendría expectativas de un futuro mejor. Para ello, la única forma de atraer la inversión era mediante medidas concretas que otorgaran certeza jurídica, en especial, a las inversiones de largo plazo. Y este diagnóstico, que más que económico, era 100% político, se daba en el marco de un gobierno dictatorial cuyo discurso central era contra la clase política.

Por su parte, el estudio sobre Educación Cívica y Ciudadana de la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA) del año 2018 sorprendentemente mostró que el 52% de los niños chilenos de 8vo básico estaban de acuerdo con un gobierno dictatorial, en el caso de que este tipo de gobierno trajera beneficios económicos. Claramente, este preocupante insumo "político" no ha sido internalizado por nuestra clase dirigente, muy preocupada del hoy y sin mayor atención por el mañana.

Durante el segundo semestre del 2018 fui invitado a un conocido círculo legal, donde los abogados expertos designados por el Gobierno expusieron sobre el proyecto de modernización tributaria. Como la asistencia era grande, se tomó la decisión que se hiciera una sola pregunta por mesa, debiendo cada mesa consensuar su pregunta. Cuando propuse la mía, recibí una inmediata y frontal negativa, sobre la base de que mi pregunta no tenía nada que ver con la reforma, ya que era una pregunta política. Ahí pude constatar que, para los expertos en el derecho, lo político y lo tributario deben ser materia de análisis independientes.

En estos días se vota en el Congreso el primer paquete de indicaciones al proyecto de modernización tributaria. Nuevamente, el amateurismo político del Gobierno no fue capaz de prever que serían los mismos titulares de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) quienes, de buena fe, terminarían boicoteando uno de los aspectos más relevantes en materia de certeza jurídica que trae el proyecto, y que es la creación de la "Comisión Antielusión", que estaría integrada por el director del SII, más estas tres autoridades y un abogado o académico experto, a fin de crear un órgano colegiado que resuelva con imparcialidad la aplicación de la Norma General Antielusión.

Ricardo Riesco (FNE) dijo estar plenamente de acuerdo en la idea de fondo, ya que aumentaba la seguridad y certeza jurídica. Joaquín Cortez (CMF) señaló expresamente que era una "buena idea", ya que es muy valorable que sea un órgano colegiado quien tome estas decisiones, versus una autoridad unipersonal. Enrique Vergara (TDLC) igualmente valoró la idea del Gobierno de buscar fórmulas que doten al sistema de mayor certeza jurídica en materia tributaria. Sin embargo, y para sorpresa de todos, los tres señalaron reparos formales a la iniciativa, señalando que no era aconsejable que fueran ellos quienes integraran esta comisión, sea por falta de conocimientos técnicos, de tiempo, sobrecarga de trabajo, mandato legal, eventuales incompatibilidades o eventuales inhabilidades.

¿Era necesario esperar hasta el día anterior de la votación de la indicación para que Hacienda conociera de la opinión de tres expertos con los que trabaja a diario? Pareciera que no. Y lo peor vino al final, cuando el diputado Pablo Lorenzzini señaló que en las condiciones actuales votará en contra de la creación de la comisión, al igual que el presidente de la comisión, el diputado Daniel Núñez, quien dijo que sería "poco serio" aprobar las indicaciones en las condiciones actuales.

Como hemos podido ver desde el día en que el Presidente dio a conocer el proyecto por cadena nacional, sobran expertos técnicos, se extrañan los expertos políticos, se diluye el proyecto, se aleja la certeza jurídica, y con ello, se aleja aún más la esperada y necesaria reactivación de la economía.

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