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DF Tax | Ingresos y gastos fiscales: tiempo de ponernos serios

Ricardo Walker, socio de Brent Abogados

Por: Ricardo Walker | Publicado: Jueves 28 de noviembre de 2019 a las 04:00 hrs.
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Ricardo Walker

En el año 2012 se dictó la ley que perfeccionó la legislación tributaria. Ello significó que el impuesto de Primera Categoría (impuesto a las empresas) se incrementara de un 17% a un 20%.

Luego, en el 2014, bajo el slogan "de que a gastos permanentes, ingresos permanentes" se dictó, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, la reforma tributaria, y seguidamente, en el año 2016 la normativa conocida como la simplificación de esta última. Lo anterior significó un alza del impuesto corporativo del 17% al 25%, y para las empresas acogidas al sistema parcialmente integrado un incremento mayor, ya que su tasa se fijó en un 27%. La consecuencia de ello, según opinión transversal de los distintos agentes económicos, fue que produjo un freno al crecimiento, la inversión y al ahorro.

Consciente de esta problemática, en el 2018, el actual gobierno presentó el proyecto de modernización tributaria, el que luego de un intenso debate político, en el que paradójicamente se discutió hasta la idea de legislar, logró ser aprobado en la Cámara Baja, previa indicación sustitutiva presentada por el ejecutivo, la que huelga subrayar, difiere mucho del modernizador proyecto original.

En el presente año 2019, ese proyecto ha sido objeto de un protocolo de acuerdo firmado entre Hacienda y senadores de oposición, que se traducirá en la incorporación de varias modificaciones a este proyecto, que apuntan a una mayor recaudación a objeto de financiar las distintas demandas que han surgido luego de los acontecimientos habidos en octubre último. Con este acuerdo se espera recaudar unos US$ 2.000 millones adicionales. No se baja la tasa del impuesto a las empresas y se suben los impuestos personales de una tasa máxima del 35% a otra cuyo tope no puede ser superior al 44,45%

¿Y en el intertanto, qué ha ocurrido con el gasto fiscal?

En la última década ha aumentado significativamente debido no sólo al mayor tamaño del Estado (nuevos ministerios, más reparticiones, funcionarios, etc.) sino que también al incremento de los programas gubernamentales (como son, el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, Programa de Apoyo a la Retención Escolar PARE, Programa de Desarrollo Local PRODESAL, etc). Sin embargo, y lo más grave, es aquello que consideramos es el nulo avance en lo relativo a la evaluación y fiscalización de este gasto.

Respecto de la evaluación del gasto asociado a los programas gubernamentales (se estima que hay cerca de 600 programas vigentes), en el año 2019 solo 1 de 19 programas evaluados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) tuvo un desempeño calificado de bueno, mientras que alrededor del 70% de los recursos que fueron evaluados tuvo una calificación mala o de bajo desempeño. Durante el año 2018 –de un total de $ 538.074 millones evaluados- sólo un 0,2% de dicho monto tuvo un desempeño bueno, en contraposición a los casi $ 537.000 millones (alrededor de US$ 800 millones) que se destinaron a programas con calificación de desempeño medio, bajo o definitivamente malo.

¿Y qué hay de la fiscalización del gasto público?

Si bien ella está encargada al Congreso y a la Contraloría General de la República, en nuestro parecer, dicha tarea parece deficiente. Por de pronto, destaquemos que ambos fiscalizadores, para el análisis y control del gasto fiscal no cuentan con información propia, requiriendo para ello de la información que les proporciona la Dipres, lo que constituye una desventaja o restricción frente al control del gasto. A lo anterior se suma que el Congreso no lleva un seguimiento cabal y sistemático de los gastos una vez que ellos son aprobados (cumplimiento de metas, desempeño, etc.), sino que su tarea se circunscribe en la mayoría de los casos al análisis del gasto en base al Presupuesto del año anterior. Por su parte, según se informó en la cuenta pública de Contraloría del año 2016, su tarea sólo pudo abarcar el 22% aproximado del gasto público total.

¿Entonces cabe preguntarse sí se justifican alzas de impuestos como las señaladas, si en la práctica ellos van a financiar programas que por su evaluación y control de gestión no existe justificación para perseverar en ellos, como tampoco se cuenta con un sistema de fiscalización eficiente, o al menos, con un mínimo estándar de certeza y seguridad sobre su manejo?

En nuestro parecer, no resulta conmutativo el esfuerzo que el Estado pide a los contribuyentes, en contraposición a la especial diligencia a la que está obligado aquel que administra recursos ajenos. Por cierto entendemos y solidarizamos con la ayuda que éste debe otorgar a aquellos que tienen menos o merecen más, pero ella no debe ser justificación u obstáculo para exigir sudor y rigurosidad únicamente a quien contribuye y vista gorda para el que gasta.

Esta semana se resolvió en el Congreso el Presupuesto para el 2020, y luego, debiera entrarse a la discusión de las indicaciones a la reforma tributaria. Consideramos que es momento para que en dichas instancias se tenga presente lo expuesto precedentemente.

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