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DF Tax | Principios tributarios y deberes ciudadanos en la nueva Constitución

Pablo Quezada, director de Tax & Legal de Deloitte.

Por: Pablo Quezada | Publicado: Jueves 5 de agosto de 2021 a las 04:00 hrs.
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Pablo Quezada

Durante la última década hemos sido testigos de la importancia que han adquirido los impuestos en el debate público, tanto así que gobiernos de centro izquierda y centro derecha han implementado sucesivas reformas tributarias con distintos objetivos (redistribución o crecimiento). En esa misma línea, la OCDE ha promovido diversas acciones tendientes a que los países puedan aumentar los niveles de recaudación fiscal en forma gradual y sustentable, de manera que los respectivos gobiernos cuenten con los recursos necesarios para satisfacer las demandas de la ciudadanía por mayores y mejores bienes y servicios públicos.

Resulta claro que los impuestos tienen un rol político, económico y social en nuestra sociedad, por lo que ya instalada la Convención Constitucional y ad portas que comiencen las discusiones de fondo, vale la pena preguntarse sobre los principios y normas fundamentales que debiera reconocer la nueva Constitución en materia tributaria.

En ese sentido, el nuevo texto debería comenzar estableciendo el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, el que, por lo demás, no es extraño a nuestra historia constitucional, ya que fue reconocido explícita o implícitamente en las Cartas Fundamentales de 1818, 1822, 1823 y 1828 e incluso formó parte del capítulo de deberes constitucionales del Anteproyecto de la Constitución de 1980, elaborado por la Comisión Ortúzar; pese a finalmente ser eliminado por considerarse una simple "declaración platónica".

Más aún, en el año 2014 el Tribunal Constitucional reconoció que "todo ciudadano tiene un conjunto amplio de deberes públicos en relación con la sociedad y el Estado", todos los cuales se vinculan con el bien común "siendo uno de los más relevantes... el de pagar impuestos" (Rol 2489-13 INA).

Con todo, reconocer este deber ciudadano no implica entregar un poder sin contrapesos al Estado y a la administración tributaria, quienes siempre deberán respetar el principio de legalidad y los derechos de los contribuyentes, garantizándose su tutela judicial efectiva en caso de vulneración. Además, la contribución al sostenimiento de los gastos públicos debe realizarse de acuerdo a la capacidad económica del ciudadano, pues de lo contrario se afectaría el principio de igualdad en la repartición de las cargas públicas. Lo anterior podría complementarse con el principio de responsabilidad fiscal y uso eficiente de los tributos, lo que permitiría incrementar los niveles de confianza de la ciudadanía en el sistema tributario, mejorando, de paso, los estándares de cumplimiento y recaudación fiscal.

En definitiva, los principios y normas fundamentales en materia tributaria que se reconozcan en la nueva Constitución deben partir de la base del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de manera de vincular el pago de los impuestos con los deberes ciudadanos en el marco de una sociedad libre y democrática.

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