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DF Tax | Solución de controversias tributarias en tiempos de crisis

Pablo Quezada, abogado de Fuensalida & Del Valle

Por: Pablo Quezada | Publicado: Jueves 26 de marzo de 2020 a las 04:00 hrs.
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Pablo Quezada

En un contexto económico complejo y desafiante como el que estamos enfrentando debido al estallido social y la emergencia sanitaria por el Covid-19, han surgido una serie de elementos de incertidumbre que están afectando la actividad económica del país. Como consecuencia de lo anterior, se espera que la recaudación fiscal caiga drásticamente en los próximos meses.

Es por ello que resultan claves los mecanismos que contempla nuestro sistema tributario para resolver, idealmente en forma temprana, los conflictos que puedan surgir entre los contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos (SII), pues una implementación exitosa de los mismos podría contribuir a amortiguar el impacto que la actual crisis tendrá en las arcas fiscales.

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En esa línea, la Ley de Modernización Tributaria recientemente en vigor fortalece los mecanismos existentes e introduce nuevos procedimientos de solución de controversias, tanto a nivel administrativo como judicial, que precisamente buscan dar mayores oportunidades para que los contribuyentes puedan aclarar las dudas del SII respecto de los ingresos, costos, gastos y ajustes informados en sus declaraciones de impuestos o de los efectos tributarios de una determinada operación, acto o contrato.

Así, por ejemplo, se regulan los aspectos esenciales del recurso de reposición administrativa voluntaria (RAV) y de la solicitud de revisión de la actuación fiscalizadora (RAF), y se incluye la posibilidad de presentar un recurso ante el director nacional del SII (recurso jerárquico), con el objeto de que este determine si la decisión adoptada en la etapa RAV se ha ajustado o no a las leyes tributarias o las interpretaciones formuladas por el mismo SII.

Para el caso de controversias que están judicializadas, se contempla la posibilidad que el contribuyente proponga las bases de un avenimiento extrajudicial ante el director del SII, quien evaluará si dicha propuesta es razonable desde el punto de vista jurídico y del interés fiscal. Además, se simplifica el procedimiento para que el SII pueda conciliar ante el juez Tributario y Aduanero y se establece un procedimiento extraordinario y transitorio por dos años para poner término a los juicios tributarios pendientes, pagando los impuestos adeudados con derecho a una condonación del 100% de las multas e intereses.

Como se puede apreciar, los cambios introducidos por la Ley de Modernización Tributaria apuntan a que los conflictos tributarios deben resolverse ante o con el propio SII, lo que es consistente con el cambio de paradigma promovido por la OCDE, que busca avanzar en la generación de confianza mutua y evitar los costos asociados a la excesiva judicialización, tanto para el Fisco como para los contribuyentes. Ello exige que los contribuyentes colaboren con el SII y aporten oportuna y ordenadamente los antecedentes y explicaciones pertinentes frente a las legítimas y fundadas dudas que pueda tener el ente fiscalizador. A su vez, por parte del SII, se requiere un estricto apego al principio de legalidad, uniformidad de criterios, pleno respeto de los derechos de los contribuyentes y fortalecer las políticas que ya han hecho suya esta nueva mirada, extendiendo estas últimas a la etapa de fiscalización.

Esta forma de abordar los conflictos tributarios es especialmente relevante en los casos de alta complejidad, donde en su mayoría no hay blancos o negros, sino que existen infinidad de grises, por lo que en su solución debe primar la sensatez, la flexibilidad y el análisis racional y acucioso conforme a criterios lógicos y apegados a la letra y espíritu de la ley, sin olvidar que cada uno de nosotros puede convencer y ser convencido.

Lo anterior se vuelve mucho más necesario en el actual contexto económico, por cuanto la solución de dichos conflictos a través de mecanismos confiables, amigables y eficientes puede ser un factor importante para contener la merma en las arcas fiscales y dar sustentabilidad a las medidas económicas que, justamente, van en beneficio de los sectores más vulnerables y de las Pymes.

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