Disturbios sociales de Colombia podrían extenderse por América Latina

Michael Stott

Un error de un gobierno fuera de contacto con su gente desencadena grandes protestas callejeras. La violencia se dispara en medio de una respuesta policial demasiado severa. El gobierno retrocede, pero las protestas continúan a pesar de todo. Las demandas de los manifestantes —motivados por agravios de larga data— se amplían para abarcar cambios sociales y políticos radicales.

Colombia este mes se parece mucho a Chile en 2019, cuando una ola de protestas callejeras provocadas por un pequeño aumento en el precio de los boletos del metro de Santiago se convirtió en un movimiento de masas que casi derrocó al Presidente conservador multimillonario Sebastián Piñera.

En Bogotá, la gota que colmó el vaso fue una reforma fiscal del gobierno que se presentó el mes pasado. El principio general parecía sólido: tapar un agujero presupuestario y recaudar dinero adicional para los pagos de asistencia social al aumentar los impuestos, en su mayor parte, de las personas y empresas más acomodadas.

Sin embargo, el diablo estaba en algunos de los detalles: la imposición de un Impuesto al Valor Agregado, o IVA, por primera vez a los funerales y cremaciones en un país donde más de 78,000 personas han muerto de coronavirus y aplicando un impuesto al suministro de agua de los hogares de clase media baja, a la vez manteniendo una tasa cero en pistolas y agua mineral.

Dado que el país — ya uno de los más desiguales del mundo — estaba sufriendo una profunda recesión inducida por una pandemia, muchos colombianos decidieron que la “Ley de Solidaridad Sostenible” del presidente Iván Duque era todo lo contrario.

El gobierno introdujo la reforma fiscal en un mal momento, y su recepción fue socavada aún más por los bajos índices de aprobación de Duque, pero tenía pocas opciones. Estaba bajo presión por las agencias de calificación para actuar ahora o enfrentar una rebaja en su deuda a basura, lo que aumentaría aún más el costo de pedir prestado para llenar los agujeros en su presupuesto creados por el coronavirus.

Muchos otros países de América Latina podrían enfrentar una perspectiva similar. Golpeada por su peor recesión en un siglo, la región no tiene ni la capacidad del mundo rico de generar deuda barata para financiar enormes déficits ni el acceso de las naciones más pobres a programas de condonación de deuda. Como resultado, los gobiernos se han visto obligados a recortar el gasto o aumentar los impuestos en un momento cuando sus economías apenas se están recuperando del daño infligido por la pandemia, que afectó más a América Latina que a cualquier otro lugar.

En Ecuador, el recién electo presidente Guillermo Lasso ha heredado una crisis fiscal mucho peor que la de Colombia. Su predecesor tenía planes para recortar el gasto y aumentar los impuestos, pero la iniciativa era tan radical que muchos la consideraron inalcanzable. Lasso ya descartó los aumentos de impuestos, pero aún enfrenta la desafiante tarea de persuadir a un congreso controlado por la oposición y a una población enojada para que acepten las estrictas restricciones al gasto.

En Brasil, una de las mayores deudas del mundo en desarrollo impide que el gobierno repita la generosa ayuda pandémica de emergencia desembolsada el año pasado, a pesar de que la economía se está recuperando lentamente.

En toda la región, los ánimos se están desgastando a medida que pasan a primer plano las quejas de larga data sobre los gobiernos considerados como fuera de contacto, corruptos e incompetentes.