×
Columnistas

El 20% de Codelco a la bolsa y problema resuelto

Rafael Ariztía Socio de MFO Advisors

Por: Rafael Ariztía | Publicado: Lunes 5 de junio de 2017 a las 04:00 hrs.
  • T+
  • T-

Rafael Ariztía

La Contraloría ha destapado un debate muy interesante y digno de profundizar. Ante la consulta de un senador respecto al monto pagado como indemnización a un exdirector y exdirigente sindical (más de

$ 500 millones), el organismo emitió un dictamen en que detecta algunos errores y hace recomendaciones, reafirmando por esa vía su competencia para fiscalizar la legalidad de los actos de las empresas públicas.

La polémica fue inmediata. Codelco es una empresa que se desenvuelve en el competitivo mercado de la minería. ¿Cómo podría ser tratada como un servicio público? A lo que la Contraloría responde con un necesario recordatorio: “Debe recordarse que constituye un elemento consustancial al Estado de Derecho, que sus órganos y, en particular, aquellos que forman parte de su administración estén sujetos a control público, sin que ninguno de ellos pueda quedar al margen de ese presupuesto fundamental”.

La pregunta de fondo es, si no es la Contraloría quién hace el “control público” de las actuaciones de Codelco. ¿Quién controla, por ejemplo, que una indemnización de más de $ 500 millones sea legal? O puesto de otra forma: ¿Quién controla a Codelco?

Los servicios públicos son fiscalizados por la Contraloría. Las empresas privadas son controladas por sus dueños, u observadas por las superintendencias si corresponde, o por la Fiscalía Nacional Económica dependiendo de la industria en que operen. Y cuando éstas son abiertas, por sus accionistas y el mercado en su totalidad. ¿Y dónde quedan las empresas públicas? ¿Quién cumple el valioso rol de cuestionarlas, de exigirles transparencia, de asegurar que sean eficientes y se reinventen? Moya…

La respuesta obvia es que esa es responsabilidad de Cochilco y, por sobre todo, del Gobierno Corporativo... así con mayúsculas. Y que ese Gobierno Corporativo, a través de su directorio, es el encargado de velar que Codelco tome decisiones racionales, que apunten a maximizar el valor para sus accionistas (todos nosotros), y no sólo para sus controladores de facto (el gobierno y sus trabajadores). Pero esa respuesta, por obvia, adolece de un gran problema. Cochilco no tiene la institucionalidad adecuada para fiscalizar a Codelco, y no hay directorio que por sí sólo sea capaz de cumplir ese rol en una empresa del tamaño y la complejidad de Codelco.

Esto deja a la administración de la compañía en un cómodo espacio intermedio. Uno en el que no tiene que responder a la fiscalización de la Contraloría, pero tampoco a la exigencia del mercado.

No es de extrañar entonces que, tanto la administración como los sindicatos y el gobierno hayan salido a rebatir duramente a la Contraloría, indicando que Codelco tiene que competir “de igual a igual” con la minería privada y que por lo tanto no puede ser fiscalizada como un servicio público. Y si bien tienen la razón, sospecho que eso de competir “de igual a igual” es relativo, porque si les planteamos que Codelco abra un porcentaje a la bolsa y pase a ser fiscalizada por el mercado, como todas las grandes empresas mineras, nos encontraremos con una respuesta distinta.

Lo planteado por la Contraloría es muy relevante, porque abre el necesario debate de cómo aseguramos que Codelco cumpla su rol y maximice su valor para todos los chilenos. En el siglo XXI no podemos seguir atados al absurdo tabú de que no puede haber inversión privada en Codelco. No es la Contraloría ni Cochilco quien debe fiscalizar a Codelco. Son sus accionistas actuales y potenciales. Es un dato que para maximizar el valor de una empresa se requiere que sus ejecutivos tengan las herramientas y los incentivos adecuados. Y eso pasa por que tengan también el control, la exigencia y la fiscalización que normalmente hace el mercado al poner precio a las compañías.

El mejor negocio que podría hacer el Estado es colocar un 20% de Codelco en bolsa. No sólo recaudaría recursos necesarios, sino que con seguridad maximizaría el valor del 80% restante. Y la Contraloría podría destinar su valioso tiempo a fiscalizar a los servicios públicos, municipalidades y otros organismos que bien lo necesitan.

Lo más leído

DF Videos