El aporte de los notarios en cifras

Alfredo Martín

La fe pública constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y la seguridad y certeza jurídica, elementos esenciales para el desarrollo económico, la paz social y jurídica entre las personas.

Esta seguridad jurídica que entregan notarios y conservadores, como auxiliares de la administración de justicia, también tiene un correlato en cifras que son de gran relevancia para las arcas públicas y, por cierto, para millones de personas que tienen en sus manos un documento firmado por un ministro de Fe. La eficacia de esta función profesional se comprueba en que no más del 0,001% de las actuaciones notariales y registrales derivan en un litigio.

La justicia preventiva que emana de la actuación notarial y registral es especialmente significativa por los ahorros colectivos e individuales asociados. En el ámbito del ahorro colectivo, si consideráramos que sólo el 12% de las actuaciones notariales y registrales llegaran a litigio, lo que hoy no ocurre, sería necesario duplicar el número de tribunales existentes en el país y, por lo tanto, duplicar el presupuesto de operación del Poder Judicial, esto es, en más de US$ 600.000.000.

En lo individual, se debe considerar la reducción de las posibilidades de judicializar la relación entre las personas. Recurriendo a un ejemplo común, como el contrato de arriendo, normalmente extendido por instrumento privado, es válido se firme o no ante notario. Al firmarse ante notario quedan acreditadas en sede notarial, por $ 5.000 por ejemplar y menos de una hora, aspectos fundamentales del contrato, tales como, identidad, firmas, fecha, estipulaciones, legitimidad de los compareciente, etc. Acreditar dichas circunstancia en juicio será muchísimo más caro y largo para la personas. Igual situación se da para las promesas de compraventa y otras transacciones. Estos ahorros de prevención de la judicialización representan millones de dólares.

En materia registral, se paga un máximo del 2 o 3 por mil del valor del contrato, con tope de cálculo de $ 128.000.000 ($ 128.000), por una sola vez. Las personas no deben contratar costosos seguros ante el riesgo de perder el bien raíz, ni deben contratar personas para que vigilen la permanencia de sus títulos. El conservador se encarga de eso.

Otra contribución fundamental del notariado y del registro es vigilar el pago de los impuestos que gravan los documentos que autorizan o inscriben, siendo solidariamente responsables de su pago. Sin que esto signifique gasto alguno para el Fisco, por este concepto los ministros de fe vigilan, recaudan y enteran una suma cercana a los US$ 300.000.000 anuales. Además, en Chile se otorgan más de 200.000 créditos hipotecarios al año, con tasas preferenciales gracias al bajo índice de riesgo, en lo que incide la seguridad que otorga la labor notarial y registral a las instituciones bancarias en lo relativo al resguardo de las garantías hipotecarias.

Sin duda, el sistema notarial y registral chileno debe continuar perfeccionándose en importantes aspectos. En esa dirección avanzan algunas de las modificaciones contenidas en el proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputados. Sin embargo, las reformas deben tener el debido cuidado de no poner en riesgo el gran activo jurídico que representan la fe pública, la seguridad, certeza y confianza que hoy genera el sistema, lo que ha sido reconocido ampliamente, incluso por un organismo de estricta mirada económica, como lo es la Fiscalía Nacional Económica.

Se trata de mejorar un sistema y no de que, en ese intento, se termine poniendo en riesgo su misión fundamental.