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El derecho a patalear y la confianza en el sistema

Por: Ignacio Gepp, director de Tax Advisory de Puente Sur | Publicado: Viernes 5 de abril de 2019 a las 04:00 hrs.
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Ignacio Gepp, director de Tax Advisory de Puente Sur

El derecho a reclamar, y la confianza en el sistema para resolver ese reclamo, son pilares fundamentales de una sociedad.

Por lo mismo, cuidar este derecho al pataleo debe ser una prioridad para Chile, para su gobierno, sus empresas y sus instituciones públicas.

¿Lo estamos cuidando?

Parece que no mucho.

En materia de salud nuestro derecho a reclamo parece estar empoderado con una bebida energética y eso tiene consecuencias. Según la Cuenta Pública del Poder Judicial, más de la mitad del trabajo de la Corte Suprema (app. 19.000 ingresos) está en resolver reclamos contra Isapres.

En paralelo, nuestro vigoroso derecho a reclamo en materia ambiental también deja caídos: el concesionario del Terminal 2 del Puerto de Valparaíso se aburrió del nivel de conflicto asociado al proyecto y decidió abandonar el barco y asumir una pérdida de US$ 25,4 millones, dejando a la deriva un proyecto que tenía el potencial de generar hasta 20.000 nuevos puestos de trabajo.

¿En Chile el que denuncia gana?

Para nada. En materia tributaria el Observatorio Judicial estima en un 70% el número de fallos en favor del Fisco, rechazado los reclamos de contribuyentes.

En defensa al consumidor, ni el SERNAC tiene asegurada una victoria como lo vivió recientemente con el "caso pollos", donde a su demanda colectiva le dieron con una puerta en la cara (ojalá no se hayan gastado los $7.000 que les llegó por el confort).

¿Cómo se siente la gente con este sistema?

No muy bien. Según la Encuesta Bicentenario, un 75% de los encuestados declara confiar poco o nada en los tribunales, seguidos de cerca por el Gobierno con un 69% y las empresas con 59%.

Esto no es sólo un problema legal, esto es un problema social.

¿Qué hacemos para que la gente vuelva a confiar?

Si la ciudadanía no confía en que el sistema resuelve bien sus conflictos, quizás haya que dar un paso hacia atrás y pensar qué están haciendo las instituciones públicas y privadas para evitar un conflicto judicial o, en su defecto, qué tanto está haciendo para promover acuerdos.

Un ejemplo de alumno mateo ha sido el SII que, con el objetivo de evitar la judicialización innecesaria de causas, ha mejorado mucho el proceso conocido como RAV, el cual permite conversar y resolver conflictos sin tener que ir a un tribunal.

Pudiendo haber optado por ser un litigante especulativo, es notable que la autoridad tributaria se volcara en reestablecer la confianza ciudadana en sus procesos internos mientras resguarda el interés fiscal de acuerdo a la ley.

Si un servicio público pudo tener esa capacidad de autocrítica y hacer un esfuerzo, ¿qué falta para que el resto lo siga?

Es necesario un derecho al pataleo efectivo, para que sea posible volver a confiar.

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