El disfraz de la oposición

Guillermo Ramírez, diputado UDI de la comisión de Hacienda

Los ciudadanos eligen a sus autoridades por diversas motivaciones: para mejorar la salud, las pensiones, combatir la delincuencia, o cualquier otra. En el caso del Presidente Piñera la principal razón para llevarlo de vuelta a La Moneda fue la capacidad que los chilenos le reconocen para reactivar la economía, crear empleos y generar las condiciones para un aumento sostenido de los salarios.

Esta, y no otra, será la principal razón por la que este gobierno será evaluado. Podemos no resolver otros problemas con cierta indulgencia de la ciudadanía, pero no se nos perdonará si la economía del país no levanta la cabeza y se pone en marcha.

Así las cosas, el gobierno ha definido una larga lista de medios para lograr este objetivo: ley de pago a 30 días, GPS, modernización del Estado, reformas laborales y, quizás, la más importante de todas, una modernización tributaria.

Es importante entender que este es el objetivo del proyecto que está actualmente en discusión, aunque parte de la oposición lo ignore intencionadamente. En efecto, tal como ocurrió en la reforma tributaria de la ex Presidenta Bachelet, la oposición juzga la reforma por su capacidad de recaudar, como si el Estado fuera el dueño de las rentas privadas y que magnánimamente permite que parte de ellas se queden en manos de quien las produce. Con esa mirada, no es de extrañar que la inversión en Chile haya caído durante 4 años consecutivos durante el gobierno pasado, rompiendo el triste récord de 3 años al hilo de inversión negativa que había conseguido el gobierno de la Unidad Popular. De este modo, se lesionó la capacidad de crear empleos, se detuvo el aumento de los salarios, crecimos a la mitad de lo que crecía el mundo y no se vieron mejoras en los índices de pobreza y desigualdad.

Al juzgar el desempeño de nuestra economía, no existen dos opiniones: podemos hacer más, mucho más. De ahí que resulte incomprensible que hoy la oposición se debata entre aprobar o rechazar la idea de legislar; salvo que sea piense, claro, que lo que hagamos los parlamentarios en materia tributaria sea inocuo para el desempeño de nuestra economía.

Entonces, ¿en qué se basa parte de la izquierda para oponerse a la idea de legislar? En la errada idea de que esta modernización favorecería principalmente a los más ricos. Así, revisten su rechazo de un áurea ética -con pretensiones de justicia- que estaría por sobre consideraciones de mero carácter técnico.

Pero ese argumento es falso. La desintegración del sistema tributario que llevó adelante el gobierno anterior implica, entre otras cosas, un peaje para todos los contribuyentes del impuesto Global Complementario que consiste en un 9,45% de sus rentas. Por tanto, quienes antes pagaban 0% por encontrarse en un tramo de bajos ingresos, hoy pagan 9,45%; por otro lado, quienes ganaban más y pagaban 35%, hoy pagan 44,45%. Este cambio implicó un aumento infinito del impuesto que pagaban aquellos contribuyentes de menores ingresos, mientras que los de mayores ingresos vieron un alza en sus contribuciones en sólo un 27%. Si el lector considera que "infinito" es una exageración (aunque sea matemáticamente correcto afirmarlo) puede tomar el caso de quienes se encontraban en el tramo del 4% de impuesto, que experimentaron un aumento del 236% hasta llegar al 13,45% que pagan hoy.

Así, es claro que la reforma de 2014 perjudicó más a los que tienen menos. ¿Cómo puede entonces afirmarse que al retrotraer esa política se estaría beneficiando a los más ricos? Si se repite hasta el cansancio que el IVA es regresivo por tratarse de una tasa plana, ¿por qué se ignora el hecho de que este peaje del 9,45% es también plano?

La oposición está en su derecho de disentir de los objetivos de esta modernización, pero no a disfrazar su oposicionismo presentándolo como una defensa de los contribuyentes más pequeños.