El escándalo de la carne y el daño al sector corporativo de Brasil

Cuando Flavio Evers Cassou, un empleado de JBS -la mayor empacadora cárnica del mundo- dejó un enfriador de carne en la casa de una amiga en el sur de Brasil el año pasado, no pudo haber previsto la crisis de confianza que causaría en la industria y en el sector empresarial del país en general.

La amiga en cuestión era María do Rocio Nascimento, la principal inspectora de productos de origen animal en Paraná. Y la carne, entregada junto con una cierta cantidad de dinero en efectivo, era presuntamente un soborno por firmar certificados de salud para productos de JBS, según lo indicado en una orden judicial que detalla el trato.

Sin que el par de individuos lo supiera, oficiales de la policía federal estaban filmando y grabando en secreto las conversaciones entre ellos y decenas de otros sospechosos. La policía arrestó al Sr. Cassou, a la Sra. Nascimento y a otras 36 personas por presuntamente ayudar a liderar una maquinación mediante la cual corruptos funcionarios sanitarios emitieron ciegamente certificados para exportaciones de carne a Europa y China sin inspeccionar los cargamentos.

Los documentos del tribunal enumeran 21 compañías involucradas en la maquinación, incluyendo a unidades de las compañías de carnes procesadas JBS, Seara, y BRF, la mayor exportadora avícola del mundo.

El creciente escándalo es sólo el último en una serie de perniciosas revelaciones en sacudir al sector corporativo brasileño, el cual está enfrentando la peor recesión en la mayor economía de Latinoamérica.

En 2015, el grupo petrolero estatal Petrobras estuvo a punto de caer en bancarrota técnica por una investigación en curso sobre una trama de soborno y pagos “bajo cuerda” que involucra a políticos, exdirectores y contratistas.

Luego le tocó el turno al gigantesco sector de la construcción del país. Odebrecht, la mayor compañía desarrolladora de Latinoamérica, firmó un acuerdo de culpabilidad el año pasado en el que admitió la creación de un sistema internacional de pagos de soborno para obtener contratos públicos en 12 países.

Por lo tanto, la revelación de corrupción en la industria alimentaria es otra señal de que el país necesita tomar más medidas para mejorar la gobernanza, opinan los analistas.

Con exportaciones a 160 países, la industria cárnica de Brasil representa US$ 12,6 mil millones de sus exportaciones, o alrededor del 0,7 por ciento del producto interno bruto (PIB). China comprende alrededor de un tercio de estas exportaciones, con otras partes de Asia, Chile, el Medio Oriente y Rusia también representando importantes mercados.

JBS y BRF, las compañías más grandes presuntamente involucradas, han negado las acusaciones más extravagantes, tales como que vendieron carne podrida o productos infectados con salmonela.

Los políticos se han quejado de que la reputación del sector está siendo empañada por el presunto comportamiento criminal de un grupo muy pequeño.

Incluso la policía ha salido a la defensa de la industria, indicando que la investigación no significaba que la corrupción fuera sistémica.

Moody’s Investors Service señaló: “Los altos estándares sanitarios y la historia de seguridad en cuestión de animales y de productos de las exportaciones brasileñas debieran mitigar los riesgos de medidas adversas temporales o permanentes adicionales por parte de los socios comerciales”.

El daño a la reputación de la industria persistirá. Los medios brasileños estaban llenos de bromas parodiando el escándalo, con fotografías de rollos de papel higiénico preparados para una parrillada en referencia a un comentario policial de que el cartón había llegado a formar parte de la carne procesada, algo que funcionarios del Ministerio de Agricultura refutaron.

Si bien ninguno de los productores de mayor envergadura está acusado de las atroces prácticas que involucraban productos podridos o infectados, la cuestión más amplia de por qué los “campeones nacionales” de Brasil son tan frecuentemente arrastrados a escándalos de corrupción continúa sin respuesta.

Analistas creen que es parte de un cambio estructural, con los fiscales independientes y con la policía federal cada vez más activos. Se considera que esto está afectando a las empresas privadas, según Eurasia Group, consultora en asuntos de riesgo político. Pero EG añadió: “A mediano plazo, el sector privado brasileño emergerá más fuerte debido a eso”.