El Estado, más grande y más caro

Gabriela Clivio

En respuesta, en parte, a la decisión de imponer nuevas y mayores restricciones a la ciudadanía a más de un año de haber comenzado la pandemia, el Gobierno anunció recientemente un plan de apoyo por un monto cercano a los US$ 6.000 millones destinado, entre otras cosas, a “fortalecer” la Red de Protección Social y a paliar los efectos de la pandemia del covid-19.

La inyección económica que se señaló, por un lado, eleva el Fondo Covid original de US$ 12.000 millones, establecido en el acuerdo del 14 de junio de 2019, hasta los US$18 mil millones, pero también se anunció una mayor protección del empleo, un fortalecimiento del apoyo a las Pymes y el mejoramiento del Plan de Salud.

Increíblemente, todavía no se dice nada de una posible reducción al pago de las contribuciones, las cuales se ha incrementado notoriamente en los últimos años, pese a ser un impuesto sobre un bien sobre el cual ya se ha pagado impuesto anteriormente y que, adicionalmente, también se grava en la fuente que es el ingreso con el cual se compra. Tampoco nada se ha dicho o anunciado sobre lo que al menos para mí es la mayor de las asimetrías en este momento: la ausencia de recortes en los gastos del Estado. Me deja perpleja que mientras en el sector privado sólo se ven recortes, el tamaño del Estado sigue creciendo y los salarios en el sector público no se ven afectados.

Desde hace un año a esta parte todos quienes no somos empleados públicos y que vivimos de nuestro trabajo -con el cual, por cierto, mantenemos el aparataje estatal- hemos visto reducir nuestros ingresos o sencillamente nos quedamos sin trabajo, más allá de las capacidades o talentos que podamos tener. Las empresas que han podido seguir en funcionamiento han reducido la ocupación de sus oficinas con la esperanza de reducir costos, y han operado con una menor dotación de personas como forma de amortiguar los efectos de la pandemia en sus ingresos. Muchas han debido replantearse todo su modelo de negocios.

El desempleo ha aumentado y las mujeres hemos retrocedido 10 años en materia de inserción en el mercado laboral. Todos los actores en la economía hemos efectuado recortes de diferente índole. Todos, menos el Estado que, casualmente, no genera riqueza como lo hace el sector privado, el cual finalmente financia las cuentas de dicho Estado. Como se ha mencionado en muchas tribunas, tenemos ahora el Estado de mayor tamaño de los últimos 30 años y el gasto total del Gobierno central se acerca al 30% del PIB. Mientras el desempleo en el mundo privado crece dramáticamente, en el sector público el número de empleados se ha incrementado en 200% desde 1990, y los salarios de este sector, de acuerdo a varios estudios, pueden ser hasta 7% más altos con respecto al sector privado.

Está claro que este es el momento de aplicar políticas contra-cíclicas para, justamente, moderar los efectos de esta pandemia. Pro quizás también tenemos que pensar en otro tipo de medidas, entre las que se encuentren algunas diseñadas para mejorar la eficiencia del Estado, disminuir algunos impuestos que se han subido a lo largo del tiempo y, por qué no, al igual que lo que ocurre en el sector privado, racionalizar los cargos en el sector estatal.

Porque, finalmente, como decía Margaret Thatcher: “No existe el dinero público, existe el dinero de los contribuyentes”.