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Empresas públicas y ley del mínimo esfuerzo

Francisco Orrego B. Director de empresas

Por: Francisco Orrego B. | Publicado: Viernes 18 de octubre de 2019 a las 04:00 hrs.
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Francisco Orrego B.

El sector de las empresas públicas en Chile no deja de sorprendernos. Recientemente el Consejo para La Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de una fiscalización a una serie de firmas estatales, incluyendo a aquellas sociedades anónimas sometidas al Sistema de Empresas Públicas (SEP) y a aquellas creadas por ley. Mientras aquellas exigencias de transparencia activa establecidas en la ley muestran, en promedio, un alto nivel de cumplimiento, entre las compañías públicas las recomendaciones de buenas prácticas establecidas por el CPLT exhiben un muy bajo nivel de adhesión.

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El actual marco normativo sobre transparencia aplicable a estas empresas, que ya tiene más de 10 años de vigencia, se encuentra obsoleto. Consciente de la insuficiencia de la actual normativa sobre el tema, el CPLT acordó dictar y difundir una serie de buenas prácticas en materia de transparencia, probidad y gobierno corporativo, con el propósito de potenciar y elevar los actuales estándares legales. Se trata de 15 recomendaciones dirigidas a las 32 empresas públicas que existen en el país. De esta manera, el CPLT estimó que, a 10 años de haberse regulado el tema en la Ley de Transparencia, era necesario avanzar aún más en las medidas tendientes a mejorar la transparencia y gestión de los recursos públicos, ya que el actual marco normativo ha probado ser deficiente y limitado.

Sin embargo, a un año de haberse dictado dichas recomendaciones sobre buenas prácticas, los resultados de su implementación -de carácter voluntario- son decepcionantes. Las empresas publicas han preferido optar por la ley del mínimo esfuerzo, es decir, de sólo dar cumplimiento a los estándares mínimos establecidos en la ley, ignorando por completo la importancia que tienen estas recomendaciones para el control social de estas empresas. El análisis realizado por el CPLT destaca a Codelco y Banco Estado como empresas que han acogido algunas de estas recomendaciones, mientras que entre aquellas que muestran el menor nivel de adhesión se encuentra TVN, empresa que ha históricamente se ha resistido a incrementar sus niveles de transparencia.

Nada justifica que las empresas públicas, cuya principal obligación es velar por el buen uso de los recursos de todos los chilenos, se resistan a cumplir e implementar las recomendaciones del CPLT. Mal pueden el Estado y la sociedad civil exigirle mayores niveles de transparencia al sector privado, si las empresas públicas se limitan a cumplir con la ley del mínimo esfuerzo. Ellas deberían dar el ejemplo frente a las firmas privadas.

Hoy tenemos una oportunidad para mejorar e incrementar las exigencias legales de transparencia aplicables a las empresas estatales. Se tramita en el Congreso Nacional un proyecto de ley del Ejecutivo para ampliar los requerimientos de transparencia a siete órganos autónomos constitucionales (por ejemplo, Congreso Nacional, Banco Central, Ministerio Público, entre otros). Nada impide recoger las recomendaciones de buenas prácticas del CPLT e incorporarlas a este proyecto de ley. El Ejecutivo tiene la última palabra.

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