En pedir no hay engaño, ¿y en otorgar?

Cecilia Cifuentes

Dado el amplio consenso logrado en torno a una pensión universal, el actual gobierno, ya en su epílogo, optó por buscar que fuera de su legado, mandando el proyecto, aún en discusión, de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

El consenso sobre esta reforma se debe a que, además de permitir una mejoría importante de las pensiones, especialmente de la clase media, simplifica en forma significativa la operatoria del actual Pilar Solidario, generando al mismo tiempo incentivos a la formalidad laboral y al ahorro previsional . Por supuesto, un monto muy elevado de PGU, como la propuesta de Boric de $250.000, atenta contra ese objetivo para un amplio segmento de la población, ya que, frente a las urgencias del presente, una pensión más alta será probablemente un desincentivo al ahorro.

De todas las formas, parece una buena política, aunque tiene un costo fiscal muy elevado, en un contexto en el que además enfrentamos un preocupante deterioro fiscal. De acuerdo con el Informe Financiero del proyecto de ley, el costo sería de US$ 1.500 millones este año, US$ 2.700 millones el próximo, y US$ 3.600 millones a fines de esta década. Producto de la demografía, no podemos hablar de un costo en régimen, ya que el número de beneficiarios pasaría de 2,2 millones este año a casi el doble en dos décadas más. Las dudas sobre el financiamiento son entonces muy válidas, efectivamente los recursos necesarios en forma permanente no parecen estar asegurados.

Llama mucho la atención, en todo caso, que las dudas sobre el financiamiento provengan de los mismos que están proponiendo una PGU más generosa aún, ya que de la misma forma que las alzas de impuestos propuestas por el actual gobierno parecen insuficientes, más incierto aún es el planteamiento de una reforma tributaria que en cuatro años recaudará cinco puntos del PIB, en el contexto de incertidumbre y de estancamiento que enfrentamos.

¿Por qué entonces no plantear algún grado de ajuste en términos de los beneficios que se quieren dar? ¿Es tal el grado de voluntarismo que la gradualidad y la prudencia ya no existen en materia de reformas? Parece necesario recordar los criterios que guiaron la reforma previsional de 2008, uno de cuyos objetivos centrales fue "mantener los criterios de responsabilidad fiscal que aseguren la sostenibilidad de la política", lo que llevó a una implementación gradual, no sólo en términos de cobertura, sino también de monto de los beneficios.

La pensión básica solidaria (PBS) se incrementó un 50% hace dos años, por lo que parece razonable fijar la PGU en la actual PBS de $176.000, lo que permitiría ahorrar US$ 300 millones. Por otra parte, cuando se implementó el Pilar Solidario se estableció además un incentivo para que las mujeres postergaran la jubilación, fijando en 65 años la edad para recibir los beneficios. Podría entonces aprovecharse la implementación de la PGU para que la entrega del beneficio quedara indexada a la edad de jubilación, lo que modera el aumento de su costo en el tiempo, y además enfrenta una de las tareas más importantes en materia de pensiones; postergar la jubilación. Podría también implementarse en forma gradual la cobertura, tal cual se hizo en 2008. Por último, parte del financiamiento podría venir de reasignaciones, buscando espacios de mayor eficiencia del gasto.

Si de verdad nos preocupa la sostenibilidad fiscal ¿por qué el único camino posible son las alzas de impuestos? ¿son siempre los contribuyentes los que tienen que apretarse el cinturón? Si miramos nuestra propia historia reciente y la de nuestros vecinos, veremos que parece un camino inviable para recuperar la sostenibilidad fiscal.