Exigencias para acceder a la gratuidad

Enrique Manzur

El reciente anuncio presidencial de gratuidad en educación superior, a partir de 2016 para los estudiantes de los 3 primeros quintiles, ha abierto un amplio y acalorado debate. En particular se ha cuestionado que, en el caso de la educación universitaria, este beneficio esté disponible solo para las 25 instituciones que componen el CRUCH, quedando fuera por ahora las 34 universidades privadas no tradicionales. Dado lo anterior, parece pertinente preguntarse, ¿cuáles son las exigencias que debieran prevalecer para acceder a la gratuidad?

La respuesta tiene al menos dos dimensiones: primero aquellas atingentes a las instituciones y segundo las relacionadas con los estudiantes. Respecto de las exigencias institucionales existe consenso que la calidad debiera ser uno de los criterios primordiales. Lamentablemente, el principal indicador que hoy tenemos para evaluarla son los años de acreditación, un proceso que no ha estado exento de críticas e incluso manchado por escándalos de corrupción. No obstante, cabe señalar que todas las universidades del CRUCH están acreditadas mientras que la mitad de las privadas no tradicionales no lo están. En todo caso, ambos grupos presentan un alto nivel de heterogeneidad en términos de calidad, haciendo difícil una generalización. Una segunda exigencia proviene del estándar de transparencia y control con que debieran funcionar las universidades que se adscriban a la gratuidad.

Resulta evidente que el recibir fondos públicos obliga a un estándar superior, que no solo asegure el buen uso de los recursos sino que también permita el escrutinio público. Por ejemplo, si hoy usted desea conocer las remuneraciones de los rectores chilenos solo encontrará las de los rectores de las 16 universidades estatales (UE), ello porque en la actualidad solo las UE están obligadas a cumplir las normas de la ley de transparencia y ser fiscalizadas por la Contraloría General de la República. Claramente se requiere avanzar en las medidas de control con que funcionarán las instituciones que se adscriban al nuevo sistema.

Por su parte, los estudiantes que accedan a la gratuidad no solo deben cumplir con los requisitos socioeconómicos sino que debieran tener cierto nivel de desempeño para obtenerla. Por ejemplo, la actual beca Bicentenario, que cubre el arancel de referencia a los estudiantes de los 7 primeros deciles, exige un promedio PSU mínimo de 500 puntos, que corresponde a la mediana de la prueba de selección. También debiera exigírseles niveles de compromiso y motivación que se manifiesten en un avance curricular adecuado que les permita lograr su titulación en un tiempo razonable. Esto es particularmente importante si se considera que el eliminar el copago de las familias puede, en algunos casos, afectar negativamente el nivel de esfuerzo de los estudiantes. Por último, es fundamental que los beneficiarios estén conscientes del esfuerzo país que esto involucra y que por ello adquieran un compromiso profundo con el desarrollo y bienestar de toda la población.