Exenciones tributarias y debate constitucional

Víctor Fenner

Cuando el proyecto de modernización tributaria logró, por fin, ver la luz a principios año, era bien sabido que no habíamos llegado al final del camino de las reformas legales.

El compromiso político era que a partir de marzo se efectuaría una rigurosa revisión de nuestras exenciones y franquicias tributarias, con el objetivo no ya de recaudar, sino de contribuir a la equidad del sistema, por la vía de compensar la eliminación de algunas exenciones con una posible rebaja de tasas. La pandemia postergó dicha conversación.

Meses después -con una economía severamente golpeada de por medio, y ahora, con un país que ha dicho Apruebo a una nueva Constitución, el FMI y la OCDE, por encargo del ministro, emiten un informe donde precisamente evalúan el “gasto tributario” (reglas que modifican las obligaciones tributarias de personas o empresas, para lograr diversos objetivos como generar incentivos, mejorar la equidad del sistema o simplificarlo).

Si bien el informe sostiene que, en general, Chile utiliza metodologías adecuadas para medir el gasto tributario, existen varios aspectos no menores donde, por deficiencia metodológica o mala calidad de los datos, es complejo evaluar su verdadero impacto. Y los ejemplos recaen precisamente en las exenciones más sensibles políticamente: ganancias de capital en el mercado bursátil, renta presunta, fondos de inversión, pólizas de seguro, entre otros. Con ello, tampoco estaría bien perfilado el régimen tributario de referencia (vale decir, cómo sería el sistema “puro”, sin exenciones, contra el cual debe compararse el impacto de las mismas).

El informe, en definitiva, nos invita a preguntarnos, rigurosamente, a quiénes benefician, y por cuánto, nuestras exenciones tributarias, antes de conversar siquiera sobre su fundamento. Saber cómo y cuánto “gasta” el Fisco por vía de las exenciones.

Lo cual no es más que una parte de una conversación todavía mayor, y cuya ausencia en el debate público puede costarnos caro: cómo y cuánto gasta el Estado, en general. Si hay consenso en que el Estado chileno necesitará (muchos) más recursos para enfrentar los duros meses, o años, que se avecinan, la pregunta por el gasto público se vuelve inevitable. Según la Fundación Observatorio Fiscal, en Chile no existe una metodología única y clara que haga posible saber no sólo en qué gasta el Estado, sino tampoco si lo gasta bien. Y es que tanto la existencia de exenciones tributarias sin fundamento, como la utilización de recursos en programas sociales ineficientes o de bajo retorno social, se vuelven, en el Chile post pandemia (y hoy diríamos, en el Chile de la nueva Constitución), igualmente insostenibles.

El momento constitucional de Chile nos brinda una oportunidad sin igual. Junto con los grandes principios del sistema impositivo, la nueva carta fundamental debería también, y con igual rigor, establecer las bases fundamentales del gasto público.

Para así, como diría un tributarista, resguardar la debida correlación entre el ingreso y el gasto.