Boicot opositor al desarrollo

Fernando Barros

El desprestigio del mundo político no puede extrañar con una oposición que, sin propuestas que puedan conducir al desarrollo del país, reniega de ella misma y hoy, tras su derrota electoral, se une con el único objetivo de hacer fracasar al gobierno y sus proyectos en favor del crecimiento.

Quizás lo más grotesco es el boicot al proyecto de modernización tributaria, en que incluso se ha negado la aprobación de la idea de legislar por más de seis meses, siendo una iniciativa que busca solucionar parte de las complejidades y nefastas secuelas que ha causado la reforma tributaria de la extinta Nueva Mayoría.

Debemos recordar que el gobierno Bachelet II ostenta el récord de la mayor caída en la inversión desde el desastre de la Unidad Popular, junto al más pobre desempeño en crecimiento y creación de empleos privados de las últimas décadas. Ello se explica por una reforma tributaria que dañó a los más pobres, interrumpiendo el crecimiento logrado en gobiernos anteriores, cayendo del 5% (2010/14) a niveles del 1,8%.

Se advirtió en su momento que la reforma afectaría muy negativamente la inversión y el ahorro nacional, que discriminaba al emprendedor local versus los capitales extranjeros, y que golpearía la actividad empresarial de tal manera que se estaría muy lejos de lograr las metas de recaudación.

Y así fue. Los pequeños empresarios se vieron afectados por impuestos sobre utilidades atribuidas devengadas, pero no percibidas, y se restringieron brutalmente sus posibilidades de reinversión. Los pequeños accionistas se vieron afectados por un impuesto base de más de un 9% a pesar de que, por su nivel de ingresos, estaban exentos. Emprendedores y ahorrantes medianos demoraron poco en concluir que con “la reforma”, las rentas obtenidas en Chile tributarían con una tasa marginal de 44,45%, mientras que si emprendían o ahorraban en el extranjero su tasa sería de 35%, rango alto de la tasa marginal de las economías modernas.

Dentro de las cuatro paredes de la época, se pensaba que los ricos pagarían la mayor parte del costo, en circunstancias que, al alterar el sistema de integración impositiva, expropiando parte del crédito por impuesto de primera categoría a retiros y dividendos de empresas nacionales, se golpeó a los sectores bajos y medios, que destinan la totalidad de sus utilidades a cubrir sus gastos de vida. Esto los ha llevado a tributar en un máximo de 44,45%, mientras que los de mayor capacidad de ahorro y posibilidades de postergar retiros y dividendos, sujetos a más alta tributación, pueden optar por rentas cuya tributación marginal es de 35%, como dietas, intereses, inversiones en el exterior, etc.

El gobierno del Presidente Piñera propuso corregir estas injusticias y dar un rumbo pro crecimiento al manejo económico, de forma que el país recuperara la senda perdida, lo que una amplia mayoría ciudadana apoyó. Rápidamente las expectativas cambiaron, se recuperaron las confianzas, se elevó la inversión y en el primer año de nueva conducción de la hacienda pública, el crecimiento económico más que se duplicó.

La desesperación ante el éxito del gobierno unió a la oposición para boicotear sus iniciativas legales, formulando exigencias que desnaturalizan la modernización tributaria buscada e intentan imponer fórmulas que han fracasado una y otra vez.

El gobierno no puede ceder a establecer más gravámenes a la inversión y el emprendimiento, como precio a pagar por una ley que, como la que se quiere corregir, traerá más perjuicios que beneficios.