×
Fernando Barros

Consenso tributario

Fernando Barros T. Abogado Consejero de Sofofa

Por: Fernando Barros | Publicado: Viernes 4 de mayo de 2018 a las 04:00 hrs.
  • T+
  • T-
Fernando Barros

Fernando Barros

Con el respaldo del categórico apoyo obtenido en las elecciones presidenciales, el gobierno se ha propuesto recuperar la ruta del crecimiento y desarrollo para Chile y ha llamado a materializar los innumerables proyectos que se paralizaron ante las odiosidades contra la actividad empresarial y la inseguridad jurídica asociadas a nuevas leyes e iniciativas inspiradas en añejas visiones estatistas y nuevos populismos.

En ese entorno surgió el proyecto de reforma tributaria preparado entre cuatro paredes, anunciando a los contribuyentes que generan la riqueza los nuevos tributos a pagar, cual nuevo ritmo de tambores definido en el olimpo imperial, y que se imponía a los remeros de la galera socialista como castigo por su actividad empresarial.

El desarrollo de la historia es conocido y la conclusión fue el complejo e inoperante sistema impositivo que tenemos y que significó un freno a las inversiones con la consiguiente postergación de la posibilidad de llevar a nuestro país al mundo desarrollado, dando lugar a que los menos favorecidos perdieran cuatro años, quedando estancados y obligados a esperar tiempos mejores.

Las expectativas puestas en el gobierno son muchas, y con ello la ansiedad para que se concreten pronto iniciativas que permitan recuperar el crecimiento y se creen empleos estables y de calidad, lo que supone generar las condiciones para que el sector privado recupere la confianza y vuelva a creer que tendremos reglas claras y estables que regirán durante la planificación de las inversiones, la organización del financiamiento y ejecución, así como para el tratamiento de las legítimas utilidades que generen esas iniciativas empresariales.

Sin perjuicio de que en nuestro país hay infinidad de trabas a la innovación y emprendimiento, públicas y privadas, que requieren la intervención urgente de las autoridades, la clarificación del panorama tributario aparece como una de las mayores inquietudes empresariales que se deben abordar, siendo capaz de superar la comprensible aprehensión de que ésta sea la enésima reforma tributaria, y que después de una larga y desgastadora negociación parlamentaria terminemos con un sistema impositivo parchado e incoherente que vuelva a ser tema de campaña una y otra vez.

Si bien el gobierno cuenta con inteligente asesoría y voluntad para generar un proyecto que le permita obtener los recursos que requiere para financiarse y devolver algo de armonía a la estructura de nuestra ley de la renta, y podría acordar con el poder legislativo hasta el último detalle de la nueva reforma, estaríamos construyendo otra vez una estructura inestable sin buscar un consenso que incluya a los contribuyentes, que somos millones de ciudadanos que nos veremos directamente afectados con la tributación que se imponga.

Para no frustrar las expectativas sobre el impulso de recuperación, urge disipar las incertidumbres heredadas y generar un gran acuerdo con las comunidades involucradas para buscar, dentro de lo posible, una legislación tributaria moderna, que surja de un gran pacto social llamado a perdurar en el tiempo y que esté acompañado de un compromiso político serio respecto de su estabilidad.

En un escenario como éste las organizaciones sociales, gremiales y centros de estudios tienen mucho que aportar y, dejando de lado históricas desconfianzas, unirse al mundo político en la definición del aporte que el mundo privado hará, a través de los impuestos, al financiamiento de la actividad pública y de los programas sociales.

Más allá de la discusión sobre un guarismo, debemos comprender que un sistema tributario justo es uno en que todas las rentas sean gravadas en igual forma, y debemos ser capaces de revisar la continuidad de regímenes especiales y exenciones o beneficios sectoriales ya que ellos, en definitiva, son subsidiados por los que no logran un trato especial, y que sin perjuicio de los necesarios incentivos a la inversión, no se discrimine a las rentas del trabajo y ahorro nacional por sobre la tributación que se aplica a las rentas pagadas al exterior.

Lo más leído

DF Videos