Fernando Barros

Gratuidad a piedrazos

Fernando Barros Abogado. Consejero de Sofofa

Por: Fernando Barros | Publicado: Miércoles 7 de junio de 2017 a las 04:00 hrs.
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Cuando aún se comenta la auto referente y elogiosa cuenta pública de la presidenta Bachelet en su último año de gobierno y en la que nos presentara lo que se ha descrito como los grandes avances en materia educacional que se atribuyen a la reforma en esa materia, han continuado las voces críticas de diversos sectores. Unos se refieren al caótico proceso legislativo que, tras una y otra contradicción y muestras de primacía de las visiones ideológicas por sobre las reales necesidades educacionales, hace ver que lo esencial lo constituye la inclusión, la igualdad, la no discriminación y el fin al lucro, por sobre la calidad de la educación para dotar a los jóvenes de conocimientos y aptitudes que les permitan desenvolverse en el siglo XXI. Otros ya ponen fecha a las movilizaciones para exigir, a punta de impedir la normalidad de los estudios de una gran mayoría y en muchos casos de desórdenes, piedrazos y vandalismo, que Chile le asigne a ellos y sus estudios profesionales la primera prioridad nacional.

Se nos presenta como un imperativo moral y político instaurar el “Estado de Bienestar”, comenzando por condonar las obligaciones asumidas en el programa CAE, financiando la gratuidad de los estudios superiores de miles de estudiantes, con prescindencia de sus méritos, su esfuerzo, de su capacidad de pago durante los estudios o después de concluidos éstos, sin recordar la existencia de otros chilenos, niños, ancianos, enfermos crónicos o terminales y las múltiples necesidades de un país en vías de desarrollo y de miles de chilenos que deben hacer largas filas y esperar semanas, meses o años para ser atendidos en un hospital público. Ello sin mencionar a los niños del Sename, a los campamentos que esperan y a los hogares de ancianos que sobreviven por la beneficencia privada, y otros necesitados que el Estado no puede atender por carecer de recursos.

El poder de la convocatoria a las calles, del enorme atractivo que representa captar el favor, y con ello los votos, de los jóvenes estudiantes y la fuerza de sus movilizaciones muchas veces violentas, ha logrado imponer a todo un país que era necesario sustraer de la economía productiva miles de millones de dólares en mayores impuestos y reasignación de recursos para destinarlos a favorecer a un grupo de presión, mayoritariamente de sectores medios y altos, por sobre las necesidades de la gran mayoría de la población, de los más postergados, de los niños cuyas carencias educativas en la etapa preescolar y escolar los encaminan al fracaso por falta de una preparación adecuada. Y no es por falta de recursos, sino que por la irracional asignación de ellos.

Resulta paradojal que quienes reclaman contra el lucro en la educación y postulan el fin de la economía de mercado, reemplazándola por lo que denominan un modelo solidario, exijan que se les regalen recursos que se les han extraído vía impuestos a terceros que trabajan, no debiendo responder por lo que reciben, sin tener consecuencia el derroche asociado a la reprobación de ramos o al abandono de los estudios por mal desempeño y, por último, el que, cuando han alcanzado un título profesional y pueden acceder a un trabajo gracias a esa formación superior, se resistan a destinar una parte menor de sus remuneraciones para retribuir lo que su país les entregó.

En estos años Chile ha retrocedido en la senda del progreso y está más lejos de alcanzar el desarrollo. Atrás quedó el ejemplo de Sudamérica y el pequeño país que se transformó en modelo de trabajo constante, esforzado y honesto.

Es conveniente en un año de elecciones exigir a quienes pretenden dirigir a nuestro país que se comprometan a alejar a Chile del populismo chavista y, con entereza y valor, nos recuerden a todos que el éxito, la superación del subdesarrollo, alcanzar las metas personales y colectivas, son necesariamente el resultado del esfuerzo reiterado en el tiempo. La gratuidad es una falacia y supone necesariamente la inmoralidad de dar a votantes y grupos de presión lo que no les corresponde ya que se priva a los más postergados del auxilio que requieren.

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