Finanzas abiertas: camino a la innovación financiera

Rosario Celedón

Conocimos hace unos días la evaluación del sector financiero de Chile publicada por el FMI y Banco Mundial, que reconoce los avances logrados desde 2011 post crisis financiera global. También entrega recomendaciones de política pública muy oportunas, como respaldo a la agenda regulatoria en curso y mapa de ruta para futuras medidas que apunten a fortalecer la profundidad, resiliencia y desarrollo de nuestro sistema financiero.

Un aspecto notable del reporte es que, por primera vez, destaca la expansión del sector Fintech en la provisión de servicios financieros basados en tecnología y consigna la necesidad de un enfoque balanceado entre regulación e innovación, para potenciar las mejoras en eficiencia y ampliación de alternativas para los clientes y a la vez mitigar potenciales riesgos.

Esto es lo que busca el Proyecto de Ley sobre Innovación Financiera que comenzó ahora su debate en el Senado y que busca regular los modelos de negocio Fintech presentes en el mercado local, que han logrado catalizar con éxito los cambios de preferencias de los clientes y la urgencia generada por Covid-19 de contar con soluciones digitales seguras y convenientes en ámbitos de financiamiento para pymes, ahorros, pagos electrónicos y seguros.

Como señala el FMI, la iniciativa incluye un marco regulatorio de finanzas abiertas como condición habilitadora para innovar. Ello permitirá avanzar en forma armónica y gradual hacia una arquitectura de finanzas abiertas, que permita el intercambio eficiente y seguro entre proveedores regulados de información financiera de los clientes que así lo autoricen, bajo estándares comunes de seguridad e interoperabilidad, con adecuados resguardos de la información de clientes y reglas claras de responsabilidad, resguardando así la confianza de los usuarios.

Al reducir barreras de entrada y asimetrías de información entre proveedores, se busca cerrar las brechas en acceso a productos financieros básicos, como alternativas de ahorros, pagos digitales y endeudamiento sostenible por segmentos importantes de la población, hoy subatendidos. Asimismo, se facilita la colaboración entre instituciones financieras y Fintech a través de alianzas, modelos "Bank as a Service" y de finanzas embebidas, evitando conflictos y fricciones por falta de un marco regulatorio claro.

Chile se sumaría así a los más de 50 países –incluyendo Brasil, México y Colombia en la región- que están impulsando iniciativas similares para promover mayor competencia, innovación e inclusión financiera. La experiencia comparada muestra beneficios claros para los hogares y empresas de una mayor autonomía y control de su información financiera, a través procesos de contratación (KYC), comparación y portabilidad de productos financieros más expeditos, mejores condiciones de acceso a crédito al contar con evaluación de riesgo más completa en base a su historial crediticio y de comportamiento de pagos, acceso a asesoría en ahorro y seguros personalizados y a soluciones de pagos digitales como alternativa al uso del efectivo o tarjetas, entre otros.

Por eso, es clave que las autoridades (actuales y futuras) y el Congreso tengan esa mirada global, y que den prioridad y continuidad a esta iniciativa legal necesaria y urgente para actualizar y adaptar la regulación al paso acelerado de la innovación, para que eso permita crear un entorno favorable al desarrollo de servicios financieros digitales que impactan la calidad de vida de sus usuarios.