Gestión de riesgos y cumplimiento: temas pendientes

Carlos Pavez

“Ganancias de grupo CAP se desplomaron arrastradas por paralización del puerto Guacolda II.” Agosto de 2019.

“Magallanes: Armada reporta derrame de 40 mil litros de petróleo en la isla Guarello.” Julio de 2019.

“Se agudiza crisis en Osorno, contaminación llegó hasta el Río Rahue.” Julio de 2019.

Los graves perjuicios producidos por los recientes eventos medioambientales de los que dan cuenta las líneas anteriores, algunos de los cuales todavía no se terminan de cuantificar, han puesto de manifiesto una vez más, la importancia de contar con sistemas de gestión de riesgos eficientes que permitan prevenir y/o mitigar la ocurrencia de siniestros y otros hechos que afectan severamente a todos quienes interactúan con las empresas (trabajadores, clientes, proveedores y comunidades en general), dañando su reputación y poniendo en duda su sustentabilidad.

Lamentablemente, muchas veces se trata de explicar o incluso justificar la ocurrencia de estos hechos invocando una suerte de imposibilidad para evitar los imprevistos de la naturaleza. Sin desconocer que el azar y los imprevistos existen, debemos reconocer que nuestras empresas muestran una brecha significativa en cuanto a la implementación de una cultura de gestión integral de riesgos -financieros, operacionales, legales y medioambientales, entre otros-, que ponga como foco de interés conceptos tales como prevención, mitigación y tratamiento de daños.

A pesar de los significativos avances observados en el ámbito de los gobiernos corporativos de las empresas, del mayor involucramiento de los directorios de las compañías en el diseño e implementación de los sistemas de gestión de riesgos y de los programas de cumplimiento de las organizaciones que dirigen, a la luz de las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales (OCDE y GAFI, entre otros), persisten brechas significativas en la implementación de los mecanismos de gestión de riesgos en tanto aún no se reconoce el valor estratégico de la función de cumplimiento que naturalmente, debe ser encabezada por la alta administración de las compañías, empezando por el directorio.

En el contexto descrito, me atrevo a llamar la atención sobre un punto que me parece clave a la hora de superar algunas deficiencias detectadas por la OCDE en nuestro diseño institucional -a propósito de la evaluación del cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro país en el marco de la Convención contra el Cohecho, Chile debe avanzar en la adopción de medidas que permitan verificar la implementación efectiva de modelos de prevención de delitos que garanticen que la administración asigne los recursos suficientes para su funcionamiento y desempeñe con éxito las funciones de dirección y supervisión de los mismos.

Finalmente, una invitación a que aprendamos de las mejores experiencias de empresas en Chile y a nivel internacional, después de todo, no debemos olvidar que las recomendaciones de los organismos internacionales son el fruto de la observación y análisis de las mejores prácticas. No esperemos hasta la próxima evaluación de la OCDE en diciembre de 2020 para implementar mejoras que van en directo beneficio de nuestras empresas y, por ende, de sus accionistas, clientes y trabajadores.