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Gobernanza territorial: el nuevo desafío

Verónica Devenin Profesora e Investigadora Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez

Por: Verónica Devenin | Publicado: Viernes 26 de enero de 2018 a las 04:00 hrs.
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Verónica Devenin

Después de 10 años, Mall Plaza desistió del proyecto Mall Barón, tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que declaraba ilegal su construcción. Un proyecto con una larga historia de judicialización, forma predominante que tomó la oposición a esta iniciativa. A este caso se suma también el fuerte rechazo que importantes sectores han manifestado contra la construcción del Terminal 2 del puerto de Valparaíso, uno de los proyectos que se pide al próximo gobierno sea destrabado de manera prioritaria. Con menos historia, pero no menos polémica, otros proyectos inmobiliarios en esta ciudad han sido cuestionados, implementándose acciones concretas para evitar su construcción, incluso desde la nueva autoridad local.

Éste es Valparaíso, una ciudad prolífica en intereses contradictorios y visiones territoriales en competición permanente. Pero también es la realidad de muchas otras ciudades y comunas, tales como Coronel y Til Til; o sectores, como zonas desérticas, en las que se emplazan grandes proyectos mineros; o zonas de mucha abundancia hídrica, donde se emplazan grandes proyectos hidroeléctricos.

El desafío que representan los territorios hoy para las empresas o grandes obras de infraestructuras estatales ha evidenciado que las estrategias de relacionamiento con los grupos de interés requiere una aproximación que aborde con mayor profundidad y de manera sistémica la complejidad que le es inherente.

El reciente seminario del Consejo Minero, cuya convocatoria giró en torno al desarrollo sustentable de la minería, contó con un espacio interactivo en el que se consultó a la audiencia acerca del factor más crítico para la industria del punto de vista de los recursos productivos. Las alternativas eran: agua, capital humano, energía y licencia social. Éste último alcanzó una votación de 43%.

Pero la licencia social no equivale a la licencia legal otorgada por los sistemas de evaluación ambiental de proyectos. En ese sentido, los llamados al próximo gobierno para destrabar grandes inversiones y una excesiva expectativa de que la modificación del proceso de evaluación ambiental pueda descomplejizar estos procesos, se acoge a la ilusión que las controversias territoriales que éstos generan se pueden resolver vía procedimientos y soluciones técnico-productivistas.

Se hace fundamental arbitrar de manera constante estos intereses contradictorios y visiones territoriales en competición. Para ello se requiere una aproximación de gobernanza del territorio, es decir, establecer la escala territorial más adecuada para abordar el desafío que plantea un proyecto o un conjunto de proyectos; legitimar las distintas visiones que existen, estructurar formas de canalizar estas visiones e intereses, establecer objetivos comunes, los que deben ser dirigidos e institucionalizados, de manera que se garantice su continuidad a pesar de los cambios de autoridad. Esta no es una nueva receta. Es enfrentar estos desafíos a través de una metodología estructurada pero flexible, que requiere innovaciones permanentes, de manera de ajustarse a las características particulares y muchas veces irrepetibles que tienen los territorios.

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