Hacia una agenda antiabusos “con dientes”

José Pedro Silva Santa Cruz

A cinco meses del denominado “estallido social”, el Covid-19 ha cambiado radicalmente lo que cualquier analista pudo prever. En este nuevo contexto, cabe preguntar por la prioridad que debe asignársele a una agenda anti-abusos. Podría parecer un ejercicio irracional darle prioridad, considerando las urgencias que impone la crisis sanitaria. Sin embargo, una agenda anti-abusos es una medida imprescindible en el mediano plazo que bien amerita anticiparse, aún en estos tiempos inciertos y turbulentos.

En efecto, una de las causas relevantes citadas para explicar el 18-O” por diversos actores —entre ellos, el Presidente Piñera, el expresidente de la CPC Alfonso Swett, y el expresidente de la ABIF y CPC Hernán Somerville— es la percepción de abuso constante fundada en la ineficacia sancionatoria frente a los llamados “delitos económicos”. Incluso el actual estado de catástrofe debido a la pandemia, además de sus efectos evidentes, abre un fértil campo para el abuso en materia de alzas de precio injustificadas, acaparamiento de bienes básicos de consumo y otras conductas antijurídicas socialmente reprochables.

El Gobierno había decidido en su momento no “tomar el guante”, o al menos no hacerlo con la decisión y convicción que se esperaba. Así, a mediados de marzo ingresó una tímida agenda anti-abusos, que en general sostiene la ya añeja fórmula punitiva de subir penas, aumentar los plazos de prescripción para ciertos delitos e incorporar algunas acotadas medidas procesales. Todas medidas que no resuelven el fondo del problema, en tanto no corren la barrera de lo punible hacia lo que hoy la sociedad considera como intolerable, por ser abusivo.

Junto a un equipo de connotados académicos, elaboramos un proyecto de ley que se está tramitando en la Cámara de Diputados patrocinado por un grupo transversal de parlamentarios, que aborda de manera radical y sistémica esta problemática.

A grandes rasgos el proyecto promueve una categoría clara sobre lo que se entiende por delitos económicos, establece un sistema de penas efectivas para este tipo de criminalidad, introduce un sistema de multas proporcional al ingreso del condenado (denominado días-multa), perfecciona y amplía a todos los delitos económicos de la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y, por último, incorpora nuevos delitos en materia medioambiental. A la luz de la contingencia sanitaria que nos aqueja, bien cabría complementar la iniciativa con tipos delictivos por conductas emergentes en períodos de catástrofes o emergencias, que dan origen a estados constitucionales de excepción como el que vivimos.

Hoy, cuando pareciera existir una mayor disposición para la búsqueda de consensos, puede ser la preciada oportunidad del Gobierno para anticiparse con una iniciativa legislativa contundente en esta materia, con medidas que son y serán indispensables más allá de escenarios de agitación social como el que vivimos el semestre pasado, y que la grave coyuntura sanitaria ha dejado en suspenso.

Se trata de un asunto indispensable para el buen funcionamiento de una economía social de mercado, derrotero que en su dimensión social jamás debimos perder de vista, piedra fundamental de su legitimación dentro de un nuevo pacto social.