Hacia una cuenta pública empresarial

La tradición de la cuenta pública presidencial proviene de los albores de la República, cuando el Primer Mandatario era invitado a la ceremonia de inauguración de la legislatura ordinaria nacional, para dar cuenta del estado administrativo y político de la nación.

Desde 1924, cuando Arturo Alessandri Palma hizo el discurso a través de una red nacional de radioemisoras, el cariz cambió. De tener como destinatario a los parlamentarios, pasó a ser un discurso dirigido a todos los ciudadanos de Chile. De ahí en más, este gesto se hizo característico de nuestra democracia y se convirtió en una oportunidad que cada gobernante utiliza para evaluar lo realizado y proyectar el futuro, haciendo exigibles política y electoralmente sus palabras.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera, esta práctica fue extendida a los ministerios, que pudieron entrar en los detalles técnicos de los proyectos y logros de cada cartera, con espacio –incluso- para preguntas. Rápidamente, esta buena práctica se amplió a intendencias y servicios públicos.

Este año, en medio de una crisis de legitimidad política, se aprobó la reforma a la Constitución que hace exigibles tales cuentas para ambas Cámaras del Congreso. Así, el 21 de julio pasado los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados pasaron revista a lo realizado por tales instituciones en el último año y, por primera vez de cara a la ciudadanía, realizaron compromisos institucionales para el futuro. Aunque algunos calificaron esta instancia como "insuficiente", la mayoría coincidió en que es fundamental para recomponer confianzas.

La explosión en número de este tipo de cuentas es reflejo de una necesidad insatisfecha de participación de los ciudadanos en lo público, pero también de una carencia de las propias autoridades, que requieren hacer de manera directa una evaluación de las tareas encomendadas, demostrar capacidad de respuesta ante las inquietudes más urgentes de la población, formulando compromisos explícitos, y construir un discurso común y coherente ante la sociedad sobre su propio rol, logros y desafíos.

Ninguna de estas razones es ajena a la realidad actual del empresariado: con grandes obstáculos para conformar un relato común, dificultad de larga data para hacer que su rol sea bien comprendido y valorado por los chilenos, y ausencia de comunicación directa con la sociedad.

Es por ello que estamos convencidos de que crear una cuenta pública anual del mundo de la empresa, de cara a la ciudadanía, y liderada por los gremios, sería si bien no una solución completa a la compleja problemática de legitimidad empresarial, al menos un paso en la dirección correcta. Alinearía, entre otras cosas, los incentivos internos para definir mejor los aportes que las empresas hacen a la sociedad y les permitiría plantearse a sí mismos desafíos públicos que potencien en el tiempo tanto esos aportes como la conexión ética, emocional y de propósito con el país.

La implementación práctica de una cuenta de este tipo no sería compleja, pero sí requeriría de compromiso y trabajo, como identificar lo que la empresa aportó: beneficios laborales como seguros de salud y becas escolares; inversión en capacitación y formación; evolución ascendente de los salarios; aportes en comunidades y protección al medio ambiente, más allá de los mínimos legales, destacando casos puntuales que humanicen y den sentido a las cifras. Con estadísticas concretas de este tipo se puede informar la evolución año a año y plantear los objetivos y desafíos para los siguientes, fortaleciendo en paralelo el diálogo con la ciudadanía.

En el caso de las instituciones estatales, una cuenta pública puede ser vista como un deber ante el país. Pero para el mundo de la empresa debiera ser, más bien, una gran oportunidad. Pongámosle fecha para el 2016 y comencemos a trabajar para hacerla realidad. La contingencia estará llena de urgencias, pero la construcción de legitimidad es un trabajo de largo plazo, que cimentamos con nuestras acciones cada día.