“Hay que cerrar la planta”

M. Cecilia Cifuentes Hurtado

No pretendo analizar el cierre de la planta de Maersk en San Antonio, que dejó más de mil doscientos trabajadores cesantes, generando una gran polémica nacional. No lo haré porque desconozco los detalles, y la prensa ha entregado sobre este caso información contradictoria.

Sin embargo, este caso permite ilustrar un tema económico central, enseñado en cursos introductorios de esta ciencia, pero que suele olvidarse en las discusiones de políticas públicas. Me refiero al concepto del flujo circular, que muestra al sistema económico como un conjunto de infinitas interacciones entre familias, empresas, trabajadores, gobierno y el resto del mundo. Lo que ocurre a cada agente económico, a través de este verdadero “flujo sanguíneo” de interrelaciones, termina por afectar a todo el resto.

En forma contrapuesta, en nuestro país subsiste aún una visión de lucha de clases en la relación entre trabajadores y empleadores, que estuvo muy presente en la discusión de la reforma laboral del gobierno anterior. El propio mensaje de esa ley postulaba como su objetivo central dar más poder a los sindicatos para que pudieran negociar una distribución más justa de las ganancias. Esta mirada se inscribe en el contexto chileno de hace medio siglo, de empresas monopólicas u oligopólicas con rentas que deben ser repartidas entre trabajadores y empresarios a través de un choque de fuerzas, con un importante rol del Estado como mediador en esta repartija de utilidades.

En ese contexto, los que pagan el costo son los consumidores (que son, al mismo tiempo, trabajadores o empleadores) con precios más elevados y/o productos de mala calidad. Obviamente, este es un flujo circular sin participación del resto del mundo, ya que la competencia internacional impediría ese abuso contra los consumidores ¿Quién ganaba finalmente en este esquema? Nadie, porque los trabajadores y empleadores disputaban una renta que pagaban los consumidores —es decir, ellos mismos—, pero además con una pérdida para todos en términos de eficiencia y bienestar. Los menos afectados eran una elite privilegiada que adquiría en el exterior bienes y servicios de mejor calidad y precio, debido a las escasas cuotas de viajes que se entregaban.

¿Y qué pasa cuando este mismo esquema de empoderar a los sindicatos para que presionen por captar la renta, se aplica en un contexto en que las empresas deben competir con el resto del mundo, como ocurre en Chile? A lo mejor en el corto plazo los trabajadores logran mejorías, pero pasado un tiempo, nos encontramos con que las plantas deben cerrar o seguir operando con una marcada disminución de inversiones en nuevos proyectos. Vemos como, perjudicando a las empresas, terminamos por dañar a los trabajadores, que se quedan sin fuente laboral.

Algunos pensarán que esto es tan obvio, que no se entiende entonces que sigamos implementando políticas laborales con un efecto boomerang evidente. Sin embargo, no olvidemos que la izquierda más radical sigue postulando la propiedad estatal de los medios de producción, aunque son menos los que se atreven a plantear directamente estatizaciones de empresas. Las excesivas y extremas regulaciones laborales terminan por producir este resultado, cuando con la excusa de que la empresa privada no está cumpliendo su rol como debe (no lo puede hacer porque dejó de ser competitiva), se opta porque esa función productiva la tome el Estado.

Por lo tanto, la motivación de fondo de la rigidez laboral no es el bienestar de los trabajadores, sino la búsqueda de mayor poder político y económico.