×
Columnistas

Impuesto Verde 2.0, invitado de piedra

Jorge Valverde economista, ex coordinador Ministerio de Hacienda

  • T+
  • T-

Un cambio tributario que había pasado desapercibido en el proyecto de ley ingresado por el gobierno era el impuesto verde a las emisiones de emisiones globales (CO2) y locales (SO2, NOx y MP). Hecho que tuvo un giro hace un par de semanas cuando representantes políticos —como el alcalde Claudio Castro— levantaron el tema, proponiendo que la recaudación de este impuesto fuera a las arcas comunales donde se materializan las emisiones.

Imagen foto_00000001

La afectación de los impuestos es un punto relevante de análisis, sobre todo en la coyuntura actual de conflictos ambientales locales, y perfectamente atendible desde la perspectiva de las finanzas públicas. Pero existen varias otras dimensiones que merecen discusión a la luz de las modificaciones propuestas: base afecta, compensaciones, tasa del impuesto y recaudación.

En primer lugar, la base de empresas que quedarían afectas a este impuesto aumenta, toda vez que ya no se distingue por la fuente de emisión y su capacidad instalada, sino por el volumen de emisión año (100 toneladas de MP o 25.000 toneladas de CO2). Así, por ejemplo, las industrias minera y cementera que hoy no están afectas tendrán que pagar este impuesto de aprobarse la ley.

En segundo lugar, el proyecto de ley incorpora la opción de poder compensar las emisiones de CO2 mediante proyectos de reducción de emisiones desarrollados a nivel nacional. Hecho que a primera vista parece una medida interesante para profundizar un mercado todavía incipiente en Chile, como es el mercado de bonos de carbono.

No obstante, las modalidades y estándares que regularían el mercado de compensaciones quedan sujetas a una resolución exenta del Ministerio de Medio Ambiente, por lo tanto, el resultado final en materia medio ambiental y recaudatorio es incierto.

Por un lado, un modelo muy rígido que no permita generar un mercado más profundo del carbono implicará que las empresas prefieran pagar el monto del impuesto. Por el otro lado, un modelo demasiado flexible, con líneas bases poco rigurosas, que contabilicen reducciones o capturas de emisiones que ya están ocurriendo, desvirtuará el espíritu del impuesto al no considerar la dimensión de adicionalidad.

En tercer lugar, está la cuantía del impuesto al CO2, el cual se mantendría en US$5 por tonelada, lo cual en un régimen donde las compensaciones deban provenir de nuevos proyectos implicará un precio prohibitivo para la profundización del mercado de CO2. Ergo, si el objetivo es generar un mercado dinámico de carbono, el precio debiese al menos ser de US$10 por tonelada.

Finalmente, en términos recaudatorios no se entiende que el impuesto verde a fuentes fijas no tenga una línea en el informe financiero, toda vez que dadas las modificaciones esto debiese implicar un aumento de recaudación producto de la ampliación de la base de tributación (sujeto a una política de compensación más bien estricta). O bien, una disminución de recaudación, si el diseño apunta a un mecanismo de compensación flexible.

Lo más leído

DF Videos