Impuestos digitales sin filtro

Ignacio Gepp, director de Tax Advisory de Puente Sur

¿Qué sabemos de los denominados impuestos digitales que propone el gobierno?

Después del anuncio del ministro Larraín, especulamos que afectarán a Uber, Netflix, Spotify, Airbnb, Amazon o AliExpress, conocidos criollamente como la competencia extranjera que nos permite prescindir de los taxímetros con redbull, el multado arriendo de películas, las radios con pausas comerciales, las convenientes tarifas rack de los hoteles y el reconocido buen servicio al cliente y de despacho que nos ofrece el retail nacional.

Las operaciones de estas empresas se afectarían en algunos casos con IVA (las importaciones desde Amazon o AliExpress ya están sujetas a ese tributo) y en otros con algún impuesto especial (como el Impuesto Adicional que ya hoy debería aplicarse a ciertos servicios que contratamos desde nuestro teléfono móvil).

Como nuestro sistema no está hecho para que las personas de carne y hueso sepan cumplir con la obligación de pagar estos impuestos, éste es ineficaz y los tributos no se recaudan.

¿Dónde está la novedad entonces?

En que el gobierno se podría apoyar, por ejemplo, en los intermediarios financieros como los operadores de tarjetas de crédito para recolectar los impuestos.

¿Soluciona esto el desafío de la tributación de la economía digitalizada?

No del todo. La digitalización de la economía no es sino una forma "nueva" de resolver problemas viejos (ej. moverse por la ciudad), siendo Uber o Amazon sólo un par de exponentes de una economía que ofrece soluciones digitales a problemas corrientes.

¿Entonces qué hacemos?

Quizás debamos partir por asumir que no es posible lidiar con la digitalización de la economía de una sola forma. La venta de productos que realiza AliExpress no es funcionalmente equivalente a los servicios de publicidad que ofrece Google, a los servicios de infraestructura en la nube de AWS, ni a la recolección, procesamiento y suministro de Big Data que realizan otras empresas extranjeras sobre usuarios en Chile.

En segundo lugar, parece razonable tomar una definición:

(a) Soluciones fáciles de corto plazo con impuestos que se le traspasan al consumidor final de una forma u otra (como el 21% de IVA aplicado en Argentina a los servicios digitales o el 3% de impuesto a las transacciones digitales aplicado en Italia).

El problema: la economía digital no sólo vive de transacciones.

A modo de ejemplo, imaginen el valor que hay en la recolección de nuestros datos realizada por Facebook y el que sus clientes puedan llegar con ofertas al público preciso en el momento exacto.

Con eso en mente, parece sensato preguntarse si por el hecho que nuestros datos son la base de un negocio, debería haber impuestos que cobrar. Suena raro, pero eso es la digitalización de la economía y eso no se soluciona con impuestos transaccionales.

(b) Con justicia gravar las rentas que estas empresas extranjera generan en nuestro país o gracias a nuestro país en base a la real contribución de valor que para ellas reportamos (la solución ideal según la Comisión Europea).

Este último esfuerzo supone obligar a los prestadores extranjeros a registrarse en Chile (mediante lo que algunos denominan establecimiento permanente digital) y que determinen una renta tributable en base a reglas claras de precios de transferencia, sujeta a los mismos impuestos que otras empresas establecidas en el país.

¿Por qué no hacer esto último si es más justo?

Porque supone ser honestos: no es justo que Chile recaude (en desmedro de otros países) todos los impuestos asociados a una "renta digital" si no somos responsables de toda la creación de valor que permite a esa empresa rentar.

Para un país importador de servicios esta es una verdad incómoda ya que supone que sólo podemos gravar parte de la renta generada por una empresa digital en Chile, en oposición a comernos toda la torta.

¿Qué terminará haciendo el gobierno?

Quizás el pragmatismo los lleve a la solución más directa como lo hizo Italia, con un impuesto transaccional de tasa baja sobre una base bruta (3% es la sugerencia de la Comisión Europea) que no va a abarcar todo el espectro de la economía digital y que para ser efectivo va a tener que "eludir" la aplicación de nuestros convenios para evitar la doble tributación (irónico).

Por otro lado, quizás este nuevo peaje sea tan gravoso que haga más sentido a los extranjeros registrarse voluntariamente en Chile y pagar impuestos sobre su renta efectiva.

Cualquiera sea la vía elegida, ojalá se plantee de forma honesta y justa.