Impugnación sin sustento legal

Paulina Núñez

Una de las cosas que caracteriza a la modernidad, según señalan diversas corrientes de pensamiento, son sus paradojas. Y nuestra política no se escapa de ellas. Uno de los ejemplos más recientes son las diversas acciones ante la Contraloría que ha presentado la oposición y, particularmente, las que ha liderado la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Ellas alegan que, respecto de Juan Benavides, designado por Sebastián Piñera como presidente del directorio de Codelco, concurrirían diversas circunstancias que, de acuerdo a la ley, serían constitutivas de inhabilidad para asumir el cargo, en razón de las multas que le fueron cursadas en su momento por infracciones a la libre competencia. Y aquí, entonces, se manifiesta la paradoja: mientras se le critica a Benavides por una conducta debidamente sancionada y ejecutoriada de conformidad a la ley, no se le ha cuestionado su mérito ni capacidades. Es a propósito de esto último que debo hacerme cargo, brevemente, de las presentaciones de la oposición porque, además, se ha aludido en una de ellas a una que realicé a la Contraloría durante el mes de mayo de 2014, por motivos que serían similares; aunque ello dista completamente de la realidad.

Como bien saben los requirentes, las reglas del Derecho Público son estrictas y no admiten su aplicación ni interpretación por analogía; y más aún lo son aquellas que establecen prohibiciones o inhabilidades. En la especie, no hay norma legal alguna que expresamente establezca una inhabilidad por la infracción cursada en su momento a Juan Benavides. Sin embargo, mediante argumentos que solo podrían ser catalogados como rocambolescos, se busca inventar inhabilidades donde no las hay. Por ello, los recursos intentados tienen un solo destino: su desestimación.

Con todo, la presentación que realicé en mayo de 2014 tenía un objetivo distinto: solicitarle al órgano contralor que acreditara fehacientemente la experiencia de los postulantes, toda vez que existían dudas respecto de que Óscar Landerretche cumpliera con los años de ejercicio en el tipo de puestos directivos que exige el artículo 8º A del Decreto Ley 1.350. Ello fue debidamente acreditado y su nombramiento fue cursado sin problema. Pareciera, entonces, que los diputados y senadores de oposición son conscientes de –y no desmienten–la calidad profesional de Juan Benavides; pero sí hacen expreso que su pecado de origen es ser nombrado por un gobierno de derecha. Y así, nuevamente, Codelco vuelve a ser una herramienta de pelea política, antes que una empresa que todos los chilenos debemos cuidar. En este sentido, por lo demás, fue mi presentación de 2014 a la Contraloría.

Entonces, ¿qué hay tras estas acciones? Solo una cosa: la pequeñez política que ha exhibido la oposición durante estos meses. El gobierno ha obrado con responsabilidad, le asiste el derecho y saldrá airoso de esta controversia. Aún a pesar de la oposición.