Inmigración financiera

Claudio Ortiz

En su más reciente Informe de Política Monetaria, el Banco Central midió los efectos económicos del reciente flujo migratorio. Los resultados son elocuentes: los inmigrantes alcanzan a un millón doscientos cincuenta mil personas y explican en buena medida el aumento del PIB potencial de 3,2% a 3,4%. Además del efecto natural que implica un mayor crecimiento de la fuerza de trabajo, una parte importante de los inmigrantes posee un nivel de escolaridad superior al promedio de los chilenos y, de acuerdo a otras experiencias internacionales, sería un tipo de inmigración que no debiera revertirse en el corto plazo.

En otras palabras, se está configurando un nuevo Chile ya no sólo desde el punto de vista social y político, sino también desde la óptica económica. Debemos, entonces, hacernos cargo del proceso de ensamble de la nueva sociedad chilena en todas las dimensiones posibles: educativa, política y regulatoria, por nombrar las más evidentes.

Un elemento que puede ayudar al proceso de integración es masificar el acceso a medios de pago electrónicos. El mercado financiero puede jugar un importante rol en materia de inclusión de éste y otros segmentos de la población más rezagados. Al hacerlo, cumple indirectamente un rol social, puesto que el acceso al mercado financiero se transforma en un buen incentivo para que los inmigrantes busquen su formalización y permanezcan en Chile.

Los inmigrantes necesitan ir creando una reputación financiera en nuestro país y, para que puedan lograrlo, es necesario buscar herramientas que faciliten este proceso. Entre ellas, las tarjetas de prepago. La ventaja de este instrumento es que no tiene asociado riesgo crediticio y otorga mayor seguridad. Podrían perfectamente convertirse en la puerta de entrada al mercado financiero de miles de trabajadores que no poseen una trayectoria financiera ni historial, como los inmigrantes. Sin embargo, a diferencia de países desarrollados, su evolución acá ha sido lenta; una paradoja, porque es justo el producto que por esencia debiera transformarse en el gatillante de la inclusión financiera.

¿Qué está obstaculizando su despegue? Después de dos años, es pertinente evaluar la regulación de estos instrumentos. La ley de medios de pagos electrónicos, que promueve la emisión de estos instrumentos por emisores no bancarios, además de establecer una serie exigencias a las empresas que decidan entrar a este mercado, omitió la expresa autorización a las sociedades de apoyo al giro bancarias emisoras (SAG), impidiendo implícitamente que este tipo de empresas pueda emitir estos medios de pago. Hoy, varios de los principales actores en el mercado de los medios de pago en Chile están estructurados como SAG emisoras.

Urge entonces revisar este marco regulatorio para permitir masificar estos instrumentos, desplazando al efectivo y aportando más seguridad, menores costos de transacción, mayor recaudación fiscal y, lo más importante de todo, mayor inclusión financiera. Las tarjetas de prepago son, al final, una buena puerta de entrada en el proceso de integración que vive la sociedad chilena.