Interconexión de sistemas eléctricos y libre competencia

El año pasado se modificó la ley eléctrica de modo de permitir que una línea de interconexión entre dos sistemas eléctricos pueda ser incluida como una nueva obra en el plan de expansión de la red troncal de transmisión. En el mes de junio de este año, la Comisión Nacional de Energía (CNE) dictó la Resolución Exenta 307 disponiendo la incorporación de la línea de interconexión dentro de las Bases de Licitación para adjudicar los derechos de explotación y ejecución del proyecto y dio por cumplidas las exigencias planteadas en el Decreto 158, que contiene el plan de expansión del sistema troncal para los 12 meses siguientes.

Entre los beneficios que se obtendrán podemos mencionar la mayor seguridad y calidad de servicio de transmisión y mejor seguridad de suministro, neutralización del riesgo hidrológico, reducción de precios y en definitiva mejor relación precio calidad para los consumidores.

Sin embargo, es el aumento de la competencia el mayor de los beneficios debido a la integración de los mercados, lo que permitirá que surjan nuevos oferentes compitiendo en aquellos mercados a los cuales no pueden acceder debido a operar en sistemas separados. Los productores del norte, principalmente térmicos, podrán vender su energía en el sur y éstos, mayoritariamente hidráulicos, podrán vender su energía en el norte. A las ERNC se les abrirá la posibilidad de acceder a todo el mercado independientemente de su localización. Ganarán los usuarios al existir mayor disponibilidad de energía ya que aprovecharán las diferencias de precios en los sistemas eléctricos, fluyendo la energía desde donde es más barata porque se utilizará la tecnología más eficiente.

Más allá que los Centros de Despacho Económico de Carga del SIC y el SING se están preparando para enfrentar los desafíos técnicos y regulatorios de una fusión debido a la unificación de ambos sistemas, la promoción efectiva de la competencia en esta industria será imposible si no se aprovecha la oportunidad para que se les otorgue personalidad jurídica con características de un operador independiente del sistema, descentralizado territorialmente, y se le entreguen herramientas para asegurar la libre competencia en el mercado eléctrico.