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¿IVA a los servicios profesionales?

Vicente Furnaro Socio Tax Defense, Profesor Derecho Tributario UDP

Por: Vicente Furnaro | Publicado: Miércoles 29 de septiembre de 2021 a las 04:00 hrs.
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Vicente Furnaro

En términos de estructura tributaria, es un dato que en América Latina la recaudación proviene principalmente de los impuestos al consumo de bienes y servicios, que representan 46,2% del total, seguidos del impuesto sobre la renta, con 26,8%. En la OCDE, en cambio, tiene mayor peso relativo el impuesto a la renta, que llega al 34,0% del total, mientras que los impuestos al consumo representan 32,3% del total.

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Así, para encaminarnos hacia sistemas tributarios progresivos, es imprescindible fortalecer los impuestos directos, en particular el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Allí donde están las principales diferencias con los países que logran una redistribución exitosa a través de los impuestos. En América Latina se recauda mediante el impuesto sobre la renta de las personas físicas el equivalente a apenas un 1,8% del PIB, mientras que en la OCDE se recauda el equivalente al 8,1% del PIB.

Insistir entonces en obtener recursos en base a una aplicación mayor de un impuesto como el IVA –pretendiendo ahora gravar todos los servicios en general-, atenta contra la finalidad última que nuestro sistema tributario debe perseguir junto al financiamiento: la redistribución del ingreso. También nos aleja cada vez más del mundo de países OCDE al que aspiramos acercarnos.

El nuevo proyecto de pensiones del gobierno obligará a quienes pretende beneficiar a que financien su propio beneficio, con su consumo y necesidad de servicios que requieren en su diario vivir (asesorías y orientaciones legales, financieras o de cualquier tipo), o que reciben aún sin quererlo (servicios de cobranzas por ejemplo). La solución derivada en un vicioso que no mantendrá el círculo en el status latinoamericano.

Se extraña entonces una búsqueda y un análisis más amplio, técnico y profundo de posibles soluciones tributarias que, junto con financiar políticas públicas, apunten a los impuestos a la renta y no al consumo; o incluso optando por éste, resguarden el medio ambiente —por ejemplo, gravando consumo de combustibles, las emisiones de CO2 u otros contaminantes nocivos–; o que apunte al consumo de productos potencialmente nocivos para la salud (impuestos a los alimentos no saludables y bebidas azucaradas); o que explore tasas diferenciadas para tipos de servicios o usuarios. En fin, una búsqueda más amplia de medidas.

Un proyecto como el presentado a última hora, que descarta de plano una resuelta decisión al mundo de las rentas presuntas, de la elusión, del impuesto a las personas y opta, en cambio, por el camino fácil de gravar todos los servicios con IVA, inevitablemente nos llevará a exenciones particulares regulares que sin duda deberán ir agregándose en el tiempo, a medida que la simpleza técnica de la propuesta comience a notarse.

Es una solución que retrocede, al desincentivar la formación de PYME prestadoras de servicios e incentivar el trabajo personal a honorarios. Una solución simplista y, lo que es peor, regresiva. Una vez más, la herramienta tributaria es usada impropiamente y apunta al contrario de su objetivo final.

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