Dime cómo pagas y te diré quién eres

Jorge Hermann

Oportuna fue la reacción del gobierno al asumir, de una vez por todas, el eterno problema que es el pago atrasado a los proveedores pymes por parte de las grandes empresas. Actualmente, el proyecto de ley sobre esta materia se debate en el Congreso y el Ministerio de Economía ingresó una indicación para mejorar su contenido.

Las principales medidas del proyecto de ley, que se aplican a todo tamaño de empresas, son: i) obligar a un plazo máximo de pago de 60 días, extensible a un mayor plazo previo contrato entre las partes; ii) cobro de intereses moratorios por pago atrasado de la factura; iii) exigir la emisión electrónica de la guía de despacho; y iv) obligar al Estado a pagar a 30 días, que en el caso del sector salud y municipalidades se pospone para tres años más.

Esta carga regulatoria es compleja para las empresas, y en especial para las pymes, porque la iniciativa del Ejecutivo sigue el modelo europeo (pago a 60 días más interés moratorio). Por ejemplo, la información de la Bolsa de Productos muestra que el 30% del monto de las facturas tiene un plazo de pago superior a 60 días; extrapolando esto a toda la economía, implica que adecuar los plazos de pago tiene un costo financiero para las empresas pagadoras de US$ 700 millones anuales.

La experiencia europea es la mejor consejera: no es recomendable fijar ni rigidizar un plazo de pago por ley. A pesar de que la mayoría de las pymes conocen la normativa, una evaluación regulatoria de la Comisión Europea del 2015 mostró que su impacto es bastante limitado, porque existe temor de perjudicar la relación comercial y falta un procedimiento eficaz de reparación para cobrar el interés moratorio, tema abordado en extenso en mi columna en este mismo diario el 7 de junio del 2017.

Por lo que es aconsejable mirar el modelo mexicano sobre uso del IVA crédito después de pagada la factura, que permite flexibilizar el plazo de pago en una economía con empresas heterogéneas por tamaño y sector económico. Además, es un incentivo claro para quien quiera utilizar el IVA crédito rápidamente a través de pagar la factura lo más pronto posible. No existe una evaluación de este modelo, porque fue implementado en enero del 2018.

Con la aplicación del IVA crédito se creará un registro público de pago de facturas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), que permitirá visibilizar a los buenos y malos pagadores, permitiendo crear el “Salón de la Vergüenza”, similar al “Hall of Shame” del Foro de Negocios Privados en Reino Unido, que busca resaltar la mala práctica comercial e incentiva a las empresas a reconsiderar la forma de hacer negocios. A su vez, el pago a 30 días se puede impulsar por medio de otorgar un puntaje adicional en las licitaciones del Estado a las empresas que lo cumplan.

Por último, sería interesante que el SII evalué el uso del IVA crédito durante cuatro años y, si no se mejora el plazo de pago, repensar esta medida por una que fije el plazo por ley.

En conclusión, lo más prudente y menos invasivo es incentivar el pago oportuno con el uso del IVA crédito, porque posibilita algo crucial. que es explicitar por medio de la vergüenza a los malos pagadores, permitiendo responder: “Dime cómo pagas y te diré quién eres”.