El Estado de Derecho y el cascabel del gato

Jorge Quiroz

Tiempo atrás, la expresión “Estado de Derecho” se empleaba usualmente en oposición a la “dictadura”. Se trataba entonces de contrastar el concepto de la autoridad, reglada por un marco legal, impersonal y desconcentrada en distintos poderes independientes, con la autoridad monopólica y discrecional del dictador. Así eran las cosas cuando estábamos en dictadura.



Por estos días, sin embargo, parece más pertinente oponer el “Estado de Derecho” ya no al dictador, perdido ya en la ciénagas del tiempo, sino a la dictadura de pequeños grupos, minoritarios pero aguerridos, que se arrogan la potestad de pasar por delante de cuanta ley y precepto constitucional existe.

Hace ya varios días que una huelga ilegal en varios puertos mantiene en jaque a nuestro comercio marítimo, causando millonarias pérdidas a miles de empresas, amenazando la estabilidad del empleo y dañando la imagen internacional. ¿Dónde queda el derecho al libre ejercicio de cualquier actividad económica? No sólo la huelga es ilegal sino que los huelguistas se han encargado de prevenir que otros ejerzan su libre derecho al trabajo, sin escatimar medio alguno y causando todo tipo de desmanes. Algunos líderes del movimiento han proclamado públicamente que el objetivo último de éste sería darle al sindicato el monopolio para “proveer” en último término de trabajadores al puerto. ¿Dónde quedaría entonces el libre derecho al trabajo? ¿O el derecho del empleador?
Más al sur, en algunas comunas de la Araucanía, el derecho al libre movimiento de las personas es sólo letra muerta: grupos violentistas exigen pago de “peaje” y los ciudadanos viven presos del temor. ¿No hay acaso un derecho a vivir en paz? Tampoco parece haber derecho a la justicia: crímenes deleznables quedan impunes y a ratos pareciera que los bandidos hacen sorna de las fuerzas de orden.

Podríamos seguir latamente con este recuento y mencionar, por ejemplo, a los miles de alumnos que hubiesen querido seguir estudiando el año pasado -ejercer su derecho a tal actividad- pero que debieron plegarse a cuanta huelga hubo, presos de la dictadura de las mayorías; o a los que hace un par de años atrás quisieron acceder a Puerto Chacabuco para alimentar a sus salmones, pero que no pudieron hacerlo porque un grupo y su líder sencillamente se lo impidieron, debiendo ellos asumir las pérdidas correspondientes.

Aparentemente, y acaso por un secreto temor remoto (el fantasma del difunto dictador) nos hemos olvidado que un “Estado de Derecho” sí requiere del ejercicio de autoridad por parte de quien corresponda, porque las leyes y los preceptos constitucionales están para ser cumplidos. Estado de Derecho no significa que cualquiera puede atropellar a terceros, impedirles a éstos el libre ejercicio de los derechos que la Constitución les garantiza y salir además impune (o elegido diputado). Muy por el contrario, en un Estado de Derecho, al gobierno le corresponde ejercer la autoridad, incluso con la fuerza si es necesario (así, tal como suena), ya que no por nada se supone tiene el monopolio de ella. De otra forma, seguiremos deslizándonos por la resbalosa pendiente de la permisividad, hasta mutar en una total anarquía donde cada uno termine tomando lo que entiende por justicia en sus propias manos.

Ahora bien, viene la pregunta. ¿Por qué no se ejerce el principio de autoridad? La respuesta parece obvia: es poco popular. Todos parecen estar esperando a que otro tome la iniciativa y asuma los costos. Prueba palpable de ello son los dichos de un ministro de Estado, quien acaba de señalar que se podría aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado “si el sector privado lo pide”. ¿Qué tipo de autoridad es esa que elude la responsabilidad propia aguardando que otros la asuman? Aparentemente, y este parece ser el problema de fondo, nadie parece estar de ánimo en ser el primero que tenga que ponerle el cascabel al gato.