Justicia a tiempo: Reforma Procesal Civil

Juan José Ossa

Ya el filósofo Séneca enseñaba que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Nuestro país ha hecho eco de esa vieja idea y ha modernizado los ordenamientos procesales en materia penal, laboral y de familia. Pero la mesa sigue coja, pues no hemos reformado nuestra justicia civil, a pesar DE que no es difícil comprender la importancia que tiene que llegue a tiempo.

Si la justicia civil no es oportuna, los conflictos escalan. Diferencias sobre ruidos molestos, deslindes, arrendatarios que no pagan lo que deben y una deuda que se hace imposible de cumplir en los hechos (entre muchos otros casos), suelen terminar en recriminaciones y en programas televisivos de denuncias, pero no necesariamente en justicia. Así, se crean incentivos para que exista auto tutela y aumenta la desazón acerca de la real posibilidad de obtener justicia.

Tras más de un siglo desde la publicación del Código de Procedimiento Civil, como gobierno hemos reimpulsado el conjunto de políticas públicas conocido como la “Reforma Procesal Civil”, camino que ya había iniciado con determinación el primer gobierno del Presidente Piñera. Hemos revivido y ampliado la comisión que en ese entonces se creó y, con las naturales modificaciones que incorporaremos, pretendemos retomar la discusión legislativa, haciéndonos cargo de los principales asuntos que fueron especial materia de debate.

Aspiramos a procesos ágiles, orales y en los que prime el principio de inmediación, además de un nuevo régimen de recursos. Queremos fomentar la justicia vecinal y los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como el arbitraje y la mediación.

Perseguimos disminuir los costos de transacción y de tiempo para acceder a la justicia, “atacar” tempranamente los conflictos, evitar que escalen y contribuir sustantivamente a la convivencia entre los ciudadanos. Pero también queremos entregarles herramientas procesales a quienes pretenden obtener una sentencia en un plazo razonable.

También debemos transformar el procedimiento de cobranzas judiciales y terminar con el ahogo que hoy le significan a los tribunales civiles. Para eso es necesario darle un tratamiento muy distinto a las cobranzas que persiguen sólo castigar un crédito. Por cierto, esta transformación debe cautelar debidamente los derechos de los deudores.

Cabe agradecer a quienes ya han participado en este proceso, particularmente a la Excelentísima Corte Suprema (que ya ha conocido las principales innovaciones que perseguimos), a los comisionados, a diversos miembros de nuestro ministerio y a todos quienes nos han hecho llegar sus inquietudes, dudas y aportes.

Toca ahora reimpulsar un debate académico, ciudadano y legislativo, en el que queremos oír todas las voces, mostrar nuestros avances y enriquecer nuestras propuestas.