La carreta delante de los bueyes

Alfonso Muñoz, asociado de Alessandri Abogados

No habían transcurrido ni 24 horas de presentado el proyecto de reforma tributaria, cuando aparecieron las primeras críticas. Se argumenta que la iniciativa favorecerá a los más ricos, que las medidas pro-crecimiento son insuficientes y poco creativas. Además, se cuestionan los efectos de la implementación de la reforma en materia de recaudación.

Frente a lo anterior, me parece relevante recordar que los impuestos tienen una función esencialmente adjetiva: se imponen y cobran para financiar el gasto público. Lo que hace el Estado con lo recaudado es harina de otro costal. De allí que, por sí misma, la política tributaria es incapaz de corregir la desigualdad: apenas permite juntar parte de los recursos necesarios para que pueda actuar.

Dicho esto, nos asalta una tremenda duda: ¿cuánto va a recaudar la reforma? ¿Va a recaudar más, menos o lo mismo que el sistema heredado de la administración anterior?

En teoría, los efectos en materia de recaudación derivados de una reforma tributaria debiesen ser calculables con algún grado de precisión. Basados en ciertos supuestos, ceteris paribus, una reforma tributaria debiese generar efectos cuantificables y proyectables. De cara al público, al Congreso y a los actores económicos, los efectos de una reforma tributaria debiesen estar claros antes de presentar un ladrillo al Congreso.

Lamentablemente, esto no es así, pues se discute. El gobierno dice que la reforma va a tener un efecto neutro en lo recaudado; la oposición dice que ésta bajará. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Por qué? ¿Puedo yo discriminar, técnicamente, lo que dice uno u otro actor?

No es la primera vez que tenemos este tipo de debate: cuando el equipo económico del gobierno entrante imputó al saliente que la situación deficitaria era trágica, se produjo un debate televisado en la Cámara de Diputados. ¿El resultado? Dependiendo de cómo se mirase, uno y otro tenían razón. ¿A quién le creo? Naturalmente, al de mi sector político.

De cara a la reforma, debemos limar asperezas y no debatir sobre hechos, sino principios y cifras.

En ese sentido, un primer paso por racionalizar el debate exige la existencia de un tercero desapasionado e independiente. Una entidad cuya función sea darle consistencia y credibilidad a los cálculos, de manera tal que este tipo de reformas puedan ser evaluadas en su mérito y la discusión no se entrampe en torno a los efectos supuestos en materia de recaudación.

Sólo entonces podremos debatir -en serio- a quienes favorecemos o damnificamos al momento de rebalancear los impuestos. Pero primero, tengamos claro si lo que estamos haciendo nos permite cuadrar las cuentas para no poner la carreta delante de los bueyes. A mí me gusta el Banco Central. ¿A ustedes?