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La certeza jurídica al centro

Constanza Hube Profesora de derecho UC

Por: Constanza Hube | Publicado: Martes 4 de septiembre de 2018 a las 04:00 hrs.
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Constanza Hube

Certeza jurídica: este es el mínimo exigible en los sistemas tributarios de cualquier país del mundo. Sin embargo, la incerteza es uno de los grandes defectos que contempla actualmente el Código Tributario y que el actual proyecto de reforma pretende –en parte– corregir.

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¿Cuáles son las deficiencias que tiene actualmente la normativa? La reforma tributaria de 2014 incorporó en nuestro ordenamiento la Norma General Anti-Elusión (“NGA”), la que si bien fue objeto de muchos cambios durante la tramitación legislativa, generó –y sigue generando– una serie de incertidumbres y un amplio margen para interpretaciones diversas. Un punto importante en este sentido dice relación con que la norma actualmente carece de precisión al determinar cuándo existe abuso de formas jurídicas (actos o contratos) por parte del contribuyente. En este aspecto, el proyecto de reforma tributaria intenta dar mayor claridad acerca de la hipótesis del abuso tributario, señalando que los actos deben ser “notoriamente artificiosos” para la consecución del resultado obtenido. De esta manera, se aclara que no basta la existencia de una operación no habitual o poco usual, sino que tiene que ser una operación falsa.

Otro punto destacable del proyecto constituye el establecimiento del silencio positivo como regla general para las solicitudes, requerimientos y recursos realizados por los contribuyentes. ¿Qué significa esto en la práctica? Las presentaciones de los contribuyentes ante el SII que no sean resueltas dentro del plazo legal se considerarán zanjadas positivamente. Esto último constituye un cambio de paradigma respecto de la situación actual de los contribuyentes en su relación con el SII, ya que realizada una presentación o interpuesto un requerimiento, en caso de no ser respondido dentro del plazo legal por el funcionario a cargo, se entiende derechamente rechazada la solicitud. Adicionalmente, constituye una gran señal la creación de la Defensoría de Derechos del Contribuyente (DEDECON), no sólo por el rol que cumplirá dicha entidad, sino porque representa una reafirmación del principio de buena fe del contribuyente, especialmente para los más pequeños y las PYME, que son quienes muchas veces no cuentan con los recursos para defender sus derechos.

Estas propuestas destacan por su intento de entregar más certeza jurídica en un área tan sensible como la tributaria, respetando y fortaleciendo el principio de legalidad, consagrado en la Constitución y que representa un límite al ejercicio del poder impositivo.

El proyecto de reforma tributaria se presentó hace tan sólo una semana y ya han surgido voces que plantean rechazar incluso la idea de legislar, pese a haber reconocido la necesidad urgente de simplificar, modernizar y dar certeza a nuestro sistema tributario. Es de esperar que esto último no ocurra, ya que los contribuyentes son quienes pagan los platos rotos al seguir esperando estos cambios, absolutamente indispensables para darle certeza jurídica a nuestro sistema impositivo.

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