La nueva normalidad del mercado laboral

Gonzalo Said

La enorme controversia que ha motivado la discusión parlamentaria sobre el retiro del 10% está eclipsando una realidad dramática de la que tendremos que hacernos cargo dentro de poco. Me refiero al desempleo que enfrentan millones de familias en Chile.

¿Qué tan preocupante es la situación del mercado laboral? La tasa de desempleo de 11,2% informada por el INE para el periodo marzo-mayo no refleja el problema en su total magnitud. Porque además de los desocupados (940 mil), hay otras personas que aparecen fuera de la fuerza de trabajo, pero con disposición a entrar en el mercado laboral y que suman cerca de dos millones.

Por su parte, las empresas que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo deberán evaluar el futuro de aquellos trabajadores que fueron suspendidos de sus funciones y que una vez que termine el plazo legal deben reintegrarlos. Una reciente encuesta del Banco Central a empresas de todo el país reveló que cerca de la mitad de los encuestados no podrá restablecer a los trabajadores que están suspendidos, por lo que unas 350 mil personas se sumarán a las filas de los que buscan trabajo.

Es decir, unos tres millones de personas necesitarán trabajar, mientras el país enfrenta la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas, en un ambiente de alta incertidumbre institucional y con nuevos riesgos asociados a la situación sanitaria que impone el Covid-19.

Esta realidad nos exige abrir una discusión sobre el futuro del mercado laboral en Chile. La mayoría de los trabajadores que buscarán empleo en los próximos meses no lo encontrarán en su sector tradicional -muchos de los cuales están asociados al desplazamiento de personas y seguirán contando con fuertes restricciones-, por lo que necesitarán reconvertirse y luego reinsertarse en otra área. Sin embargo, el sistema de capacitación chileno está pensado solo para empresas con utilidades -opera como una franquicia tributaria del 1% de la planilla anual de remuneraciones sobre el impuesto a la renta-, lo que en ningún caso servirá para aportar empleabilidad a los que necesitarán encontrar un puesto de trabajo. Por otro lado, las empresas -y también la legislación- deberán fomentar la polifuncionalidad para favorecer el proceso de reinserción de miles de trabajadores.

Otro elemento para reflexionar es el diseño e implementación de incentivos al empleo. A las empresas les costará tiempo decidir respecto de nuevas contrataciones y deberán enfrentar nuevos dilemas. ¿Qué ocurrirá con los trabajadores de alto riesgo en el marco del Covid-19, en especial los mayores de 50 años? ¿Privilegiarán las empresas la contratación de personas jóvenes menos riesgosas y con más capacidad de adopción tecnológica?

La política pública no puede ignorar por demasiado tiempo el enorme desafío que plantea la nueva normalidad del mercado laboral. Porque de lo contrario, no existirá ingreso de emergencia, ni el 10% de un fondo que sea capaz de aliviar la desesperada situación en la que estarán millones de compatriotas.