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Columnistas

La pobreza y las reformas

Fernando Barros Abogado Consejero de SOFOFA

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Diversos acontecimientos recientes y otros cuyo aniversario recordamos días atrás nos deben llevar a pensar en el costo de las malas decisiones políticas y en quienes son los que en definitiva sufren los inevitables efectos de ellas.

Es innegable que bajo el gobierno de la Nueva Mayoría nuestro país ha caído en materias de desarrollo humano, crecimiento económico, fortaleza y calidad del empleo, inversión, etc., a niveles tan negativos que resultan inéditos para la gran mayoría de nuestra aún joven población.

En Chile no vivíamos un cuadrienio con tal caída de la inversión desde la Unidad Popular. Las tasas de crecimiento económico que deja el gobierno de la presidenta Bachelet sólo pueden compararse con los tres mayores desastres de los últimos cien años, como lo fueron las crisis mundiales de 1930 y de 1982, y bajo el gobierno de Allende en 1970-73.

En este último trienio la consigna era la desigualdad y la transformación de la sociedad. Al caos sucedería el paraíso socialista. Tanto entonces como ahora en Chile imperaban los eslóganes revolucionarios, y la agenda ideológica supera el imperativo de crear más riqueza y oportunidades. Se impone quitar a unos para que el Estado vea cómo y a quién lo asigna. Sacarle los patines a los que van aprisa. En definitiva, nivelar para abajo y someter progresivamente a la población a través del control de los elementos fundantes de sus vidas.

La euforia por alcanzar los objetivos mesiánicos hace olvidar a la sociedad que espera, esto es a los más pobres. Ellos deben esperar que la inspiración refundadora dé sus frutos y los burócratas les asignen algo. Mientras ello ocurra los más pobres engrosan la estadística de “trabajadores por cuenta propia”, que sufren en carne propia lo que significa en la práctica la indignidad, los efectos de la inseguridad jurídica, del debilitamiento del Estado de Derecho, de las malas reformas tributaria, laboral, del régimen de propiedad de las aguas, etc.

La culpa, se nos dice, no sería de las malas políticas que detuvieron de golpe la mayor racha de desarrollo económico, con la mayor disminución de la pobreza y mejoría de la calidad de vida de los chilenos que haya conocido la historia patria. Nuevamente es la culpa de las transnacionales, de la propiedad privada, del lucro, del modelo neoliberal, de la Constitución Política de 1980. Por ello, en el último año de gobierno la Presidenta y la Nueva Mayoría no plantean enmendar el rumbo sino que la prioridad de 2017 será el materializar las reformas, debilitar la propiedad privada, tirar a la basura la Constitución y reemplazarla por algo que surgiría de un asambleísmo que cuenta con una inspiración superior que nos dará alegría, igualdad, justicia, desarrollo, propiedad solidaria de los bienes, estado de bienestar y todas las maravillas que la revolución socialista ha traído a Cuba, Corea del Norte y otros países, incluida Venezuela.

Y es respecto de este último país, que vive el otro fracaso socialista de Latinoamérica, que los chilenos debemos detenernos y sacar conclusiones de una curiosa coincidencia: ante la mayor crisis de las últimas décadas, primero la Nueva Mayoría en Chile y ahora el aislado nacional e internacionalmente régimen de Maduro, ambos enarbolan la bandera de la carta fundamental, que debe dar a los dos países sendas nuevas constituciones cuyos contenidos no se insinúan siquiera. Es la asamblea constituyente, que permitió a Chávez establecer su constitución y con ella un régimen de fachada democrática, que ha sumido a su pueblo en la mayor crisis conocida.

En este escenario, que aparece como uno de desesperanza, duda, incertidumbre, desazón y rabia para muchos chilenos y venezolanos, reaparece el mensaje de la visita a Chile en 1987 del entonces Pontífice Juan Pablo II, quien nos recordó que “el hombre sin trabajo está herido en su dignidad humana” y llamó a favorecer el “circulo virtuoso” de la economía, dado por la relación recíproca y causalidad mutua de la creación de trabajo y el desarrollo económico, ello en una relación de subsidiaridad del Estado y libertad de las personas.

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