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La productividad, base de mayor bienestar social

María Cecilia Cifuentes Directora Centro de Estudios Financieros del ESE Business School, UAndes

Por: María Cecilia Cifuentes | Publicado: Martes 17 de noviembre de 2020 a las 04:00 hrs.
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María Cecilia Cifuentes

Una importante mayoría del país ha puesto sus esperanzas en que una nueva Constitución pueda ser un camino apropiado para lograr un mayor bienestar social. Y podría, sin duda, pero no por las razones que forman parte del discurso común, sino porque las instituciones son claves en el desarrollo económico. Después de ver el funcionamiento de los poderes del Estado en los últimos años, y en especial durante los últimos meses, los cambios en este ámbito parecen muy necesarios.

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Luego del arrollador triunfo del Apruebo en el reciente plebiscito, la encuesta CADEM mostró que para el 70% de los votantes la justificación de su voto se encontraba en poder garantizar derechos sociales en pensiones, salud y educación. ¿Puede una Constitución asegurar derechos sociales, sólo por darles esa definición? Por supuesto que no, aunque dado que las instituciones son un determinante muy importante del desarrollo, una nueva Constitución sí puede contribuir, pero no creando derechos sociales, sino definiendo instituciones dotadas de incentivos correctos de funcionamiento.

Sin duda, enfrentamos una profunda crisis política, que en parte se explica por una falla en la interrelación de los poderes del Estado, y otros órganos afines, como son la Contraloría, el Tribunal Constitucional, y el Ministerio Público. Es de esperar que se logren los consensos suficientes para modificar estos aspectos. Con eso ya podríamos tener una base en que sustentar el desarrollo futuro.

Mejorar nuestras instituciones es una condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar mayor bienestar, la clave es lograr aumentos de productividad, materia en la que el país está al debe hace dos décadas. En efecto, las estimaciones muestran que el crecimiento de la productividad total de factores (PTF) ha sido prácticamente nulo en los últimos 20 años. De acuerdo con los cálculos de CLAPES, entre 1998 y 2019 la PTF creció a una tasa promedio anual de 0,3%, que se compara muy desfavorablemente con el resultado registrado entre 1986 y 1997, de un crecimiento promedio anual de 3,4%.

Es cierto que entre 2003 y 2012 tuvimos buenos resultados de crecimiento, pero originados en el boom del cobre, no en aumentos de productividad. La mejoría en ese caso resulta más efímera, ya que, aunque se producen aumentos de ingresos y salarios, como no hay un sustento de productividad, se traducen finalmente en mayores costos de producción. La población percibe efectivamente que gana más, pero que los costos de los servicios han subido a la par. Por lo tanto, la mejoría se diluye. Finalmente, sólo a través de aumentos de productividad se logran mejorías sustentables.

Algo similar ocurre con la política social, y la percepción de que no se han tomado en cuenta las demandas ciudadanas de mejor salud, educación y pensiones. Ahí el problema principal son las deficiencias de funcionamiento del Estado, ya que en términos de asignar recursos las demandas sí han sido escuchadas, y con creces. De hecho, en los últimos 20 años, mientras el PIB ha crecido a una tasa de 3,7% promedio anual, el gasto social lo ha hecho a una tasa de 8% real. El problema es entonces la productividad del Estado, crecientemente deficiente.

¿Puede la Constitución, entonces, contribuir a las demandas sociales? Lo realmente relevante en esa dirección es la reforma del Estado, que tiene mucho más que ver con el rediseño de las políticas públicas y los incentivos que con las normas constitucionales.

Finalmente, la base de lograr mayor bienestar es producir mejor, tanto en el sector privado como en el Estado, ahí está la principal deuda.

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