La promesa de las Isapres

Aldo Mascareño

El alza de planes anunciada por las Isapres para 2019, la mayor en alrededor de una década, vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas profundos de la sociedad del siglo XXI, el de las promesas institucionales.

El proceso de modernización nos ha envuelto en muchas promesas que desde su origen eran irrealizables en plenitud, pero que orientan nuestro actuar público en la actualidad. Nos prometió una economía organizada por un mercado sin colusiones y una competencia equitativa; un Estado de derecho que resguardaría nuestras libertades y nos daría distintos espacios institucionales para elegir dónde desarrollar nuestros proyectos de vida; y nos prometió también un creciente conocimiento sobre nosotros mismos con el que mejoraríamos nuestra vida social y con el que podríamos avanzar en políticas públicas que ampliaran nuestro bienestar.

Cuando una vez más se anuncia el alza unilateral de los planes de las Isapres, observamos lo fácil que es, en cualquier momento, desentenderse de aquellas promesas. En este caso, se trata de la promesa de un sistema que facilitaría el tránsito entre enfermedad y salud, que nos daría oportunidades de elección y buena atención en momentos claves de nuestra vida. La promesa no era redoblar nuestra angustia.

Ahora, e incluso con la colaboración de los organismos encargados de regular a estas instituciones, se nos presentan justificaciones, por un lado, triviales como el envejecimiento de la población o los costos de la inversión tecnológica, y por otro, especialmente cínicas, como la de que el alza de planes se explicaría porque la judicialización de alzas previas trae consigo costos que hay que traspasar a los usuarios.

Lo peor de todo es que esto es cierto para los agentes del sistema. Son justificaciones para ellos. El problema es que las Isapres viven atrapadas en un bloqueo conductual que les impide ver más allá de su propia nariz. Su conducta es reiterada porque en el pasado les ha traído beneficios, porque los costos de una población mayor, de la tecnología y de la judicialización seguramente son menores que los de seguir en la inercia. Esto les impide ver las crecientes pérdidas intangibles en reputación, seriedad y confianza que provocan no sólo en sus usuarios, sino también en la organización institucional de nuestra vida social, en especial en el campo de la salud.

Cuando las instituciones entran en estos bloqueos conductuales, ellas se comportan con la naturalidad de la ignorancia, con indiferencia por los públicos para los que fueron creadas, y son ciegas al hecho de que seguir así es ganancia presente y colapso futuro. Continúan explotando un modo conocido de actuar y no exploran formas alternativas que puedan crear juegos de suma positiva.

En esos momentos se requiere de cambios sustantivos que saquen al sistema de su inercia. La reforma anunciada por el gobierno no puede constar sólo de ajustes. Fundamentalmente, tiene que evitar que los vicios del sistema se transformen en ganancias para los responsables de esos vicios; tiene que institucionalizar el hecho de que el sistema de Isapres no son sólo las aseguradoras, sino también los públicos que las utilizan, justamente en momentos en los que las enfermedades ponen en segundo plano consideraciones monetarias. Lamentablemente, una reforma no puede regular el cinismo de los agentes, pero sí puede atacar los límites de la indiferencia del sistema y pensar no sólo en la salud de las Isapres, sino también en la de la gente.