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La reivindicación del SEIA

Pablo Badenier Ex Ministro del Medio Ambiente

Por: Pablo Badenier | Publicado: Viernes 23 de octubre de 2020 a las 04:00 hrs.
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Pablo Badenier

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha sido objeto de fuertes críticas. Para unos es un sistema burocrático fuente de incertezas jurídicas, y para otros, un sistema permisivo sujeto al escrutinio político. No obstante, el SEIA también es fuente de soluciones. Así lo demuestra la discusión de una moción legislativa que perfecciona la norma de ingreso al SEIA de los proyectos de desarrollo o explotación forestal, que se discute actualmente en la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

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Lo importante de esta discusión es la reivindicación del proceso de evaluación y que el cambio de criterios de ingreso impulsa una actualización para evitar impactos ambientales. En su esencia, este instrumento de política pública permite distinguir si los proyectos son susceptibles de causar impacto ambiental y, además del cumplimiento de la legislación ambiental general, deban cumplir condiciones especiales y únicas para asegurar el cumplimiento de la normativa y que quedan sujetas a la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Para pretender ser un país carbono neutral al año 2050, el incremento de la masa forestal y la conservación de los bosques nativos tiene una importancia desequilibrante. Si bien los beneficios de captura de carbono son evidentes, también lo es el impacto sobre el recurso hídrico y la erosión del suelo.

En esta discusión legislativa en particular no se opta por un esquema prohibitivo genérico -como ocurre, por ejemplo, en el proyecto de ley de glaciares-, sino más bien por las características individuales de cada proyecto y su efecto previsible de generar impacto, es decir, un cambio o alteración del medio ambiente que representa una ruptura en el equilibrio ecológica, causando daños o perjuicio ambiental. Cuestión que sucede con los proyectos de desarrollo o explotación forestal, pero tal como está hoy en la ley, sólo en casos excepcionales, dependiendo de si el proyecto se emplaza en suelos frágiles o con presencia de bosque nativo.

Esto último es una condición que hace que, efectivamente, pocos proyectos forestales ingresen al SEIA, y lo que se busca es que todos los proyectos forestales lo hagan. Se trata, entonces, de buscar mejoras puntuales al sistema, en un análisis caso a caso, allí donde existen tipos de proyectos que aún presentan debilidades. Un camino, a mi juicio, correcto, más aún porque la materia que se discute no ha tenido variaciones desde el origen mismo de la legislación ambiental y es oportuno que los criterios de sostenibilidad de los proyectos forestales evolucionen con el tiempo.

Por otra parte, un aspecto relevante es que el proyecto de ley que se discute es una moción parlamentaria. Pudo ser un proyecto de ley del Ejecutivo, pero este desistió de realizar modificaciones SEIA porque resulta un tema difícil y con poco consenso, no obstante, es indudable la necesidad de actualizar la evaluación ambiental y los criterios de ingreso.

Así como hay coincidencia en que el sistema de evaluación ambiental de proyectos requiere perfeccionamientos, también la hay entre los especialistas en que el sistema funciona. La discusión que actualmente se realiza en el Congreso para modificar las condiciones de ingreso de proyectos forestales al SEIA demuestra precisamente que existe confianza en el sistema, y que es posible verlo como parte de la solución y no como parte del problema.

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