Las “3R” del Presupuesto 2017: realismo, renuncia y riesgo

En 2017, último período del que ha sido el gobierno más ambicioso de las últimas décadas en sus promesas de beneficios sociales, enfrentaremos la expansión de gasto fiscal más modesta de los últimos catorce años. Esta moderación fiscal se hace efectiva junto con un aumento significativo al impuesto a la renta de las empresas ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error que llevó a la paradoja de tener un presupuesto austero, pero que al mismo tiempo pretende avanzar hacia la instauración de un Estado Social de Derechos?

Es evidente a estas alturas el grueso error de diagnóstico de la Nueva Mayoría en su propósito de aumentar en forma significativa el tamaño del Estado, sin considerar dos elementos que eran predecibles ya a fines de 2013, una vez conocido el programa de gobierno. El primero era el fin de la bonanza del cobre, que iba a significar que los ingresos de la minería, que representaron cerca de un 5% del PIB entre 2004 y 2013, volverían a estar más cerca de la cifra histórica, entre 1 y 2% del PIB. Es interesante notar que este sólo fenómeno ya tenía un efecto similar a lo que se pensaba recaudar con la reforma tributaria, haciendo evidente entonces lo poco realista que eran las generosas promesas de gasto. El segundo factor, que en su momento fue denunciado como “campaña del terror”, era que el programa de reformas tenía un claro sesgo anticrecimiento, no sólo cíclico producto de la incertidumbre, sino también permanente, ya que dañaba la productividad, los incentivos y la libertad de emprender.

Es historia conocida que lo anterior efectivamente se cumplió, el crecimiento se ha visto afectado por el fin del boom minero, a lo que se suma la caída del PIB tendencial. Estos elementos le pegan directamente a los ingresos del fisco, los que prácticamente no crecen, a pesar del significativo aumento impositivo.

La llegada de Rodrigo Valdés al Ministerio de Hacienda significó un primer cambio importante en la agenda gubernamental. Afortunadamente se introdujo el concepto de realismo, bajo la noción de que era inviable seguir generando aumentos de gasto público en torno a 7% real anual. Sin que se haya dicho en forma explícita, y hasta ahora con bastante consenso dentro del gobierno, este proyecto de Ley de Presupuestos significa la renuncia, ya que es indudable que no se podrá cumplir con los compromisos del programa de gobierno, y si se logran avances en algunos ámbitos, como gratuidad, es porque se retrocede en otros de gran importancia, como recursos de capacitación laboral. Esta renuncia implícita es un gran logro de Valdés, ya que de no ser así, entraríamos en la tercera R; el riesgo. Debe considerarse que en 2017 la deuda pública bruta aumentaría en más de US$ 11.000 millones, llegando probablemente a fines de este gobierno a una cifra cercana a US$ 60.000 millones, casi el doble del monto de diciembre de 2013.

Recordemos que una de las premisas de este gobierno era que frente a gastos permanentes debían generarse ingresos permanentes. Esa premisa no se está cumpliendo, por lo que pensar en un gasto más expansivo que el actual nos hubiese llevado con alta probabilidad a un aumento del riesgo soberano, y aunque para muchos suene como un concepto lejano, dañaría a todos los que usamos el mercado del crédito en nuestro diario vivir.